LA presidenta de la Junta de Andalucía ha declarado muy digna que ella es roja y decente. Tan curiosa afirmación viene a santo de que ella se considera a sí misma algo así como el martillo de los corruptos. Sin embargo, sus actos no concuerdan precisamente con tan gratificante autoimagen; porque en cuanto tiene oportunidad, no duda en saltarse a la torera la normativa vigente para ayudar de forma fraudulenta a los mismos sindicatos que ya han dado sobradas muestras de corrupción. Veámoslo.

El próximo 4 de diciembre tendrán lugar las elecciones sindicales del sector de la enseñanza. La regulación de los permisos que han de concederse a los integrantes de las mesas electorales, representantes de la Administración, interventores y electores en general para que puedan cumplir con sus diferentes obligaciones electorales viene dada por una Orden de 28 de enero de 2003 en la que se establece que "para que los representantes de los sindicatos con capacidad para promover elecciones puedan asistir técnicamente a la Mesa Electoral Coordinadora disfrutarán exclusivamente del permiso necesario para asistir a las reuniones de la misma". El criterio no sólo es meridianamente claro y tajante, sino también razonable, porque no hay motivo alguno para que los representantes de los sindicatos convocantes de los comicios falten a sus puestos de trabajo más que el tiempo necesario para acudir a las reuniones.

Pues bien, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha concedido graciosamente a cada uno de los sindicatos convocantes -los presentes en la mesa sectorial- un liberado total por provincia durante dos meses, lo que supone unos costes de doscientos cuarenta mil euros. La arbitrariedad de semejante dádiva en tiempos en que se recorta el sueldo a los profesores supuestamente representados por esos mismos sindicatos ya es de por sí suficientemente escandalosa, pero es que, además, entre los sindicatos agraciados con tan generoso regalo se cuentan los dos que han hecho un presunto reiterado uso fraudulento de las millonarias subvenciones que recibían, estando actualmente pendientes de rendir cuentas por ello ante los tribunales. Sí, los mismos dos sindicatos que también se embolsaron presuntamente dinero público para realizar unos cursos de formación que nunca llegaron a impartirse. Y es que cuando se es decente y el amor es verdadero, no hay imputación capaz de quebrar la confianza.

A los demás sindicatos que participan en esas elecciones, en cambio, se les niega esa prebenda, pese a que alguno de ellos es tan transparente que ha hecho públicas sus cuentas. El evidente propósito de tal discriminación no puede ser otro que conceder una posición de salida más ventajosa para la campaña electoral a los sindicatos más sumisos para con el poder político, entre los que, insisto, se cuentan los que han protagonizado esos recientes escándalos. Todo un alarde de equidad y transparencia.

Pero si alguien cree que el favoritismo sindical de la Junta se limita a esta minucia de doscientos cuarenta mil euros, se equivoca. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reconocido la persecución de que ha sido objeto el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios por parte de la Junta de Andalucía. Una persecución que se ha mantenido a lo largo de ocho años, pese a las sentencias previas de otros tribunales, también favorables al demandante. Naturalmente, el Sindicato Andaluz de Funcionarios es una organización independiente que cumple con su función de defensa de los derechos laborales de sus afiliados, y no un sindicato títere de la Junta mantenido con subvenciones de dinero público sin control. Por no hablar de las reiteradas sentencias del TSJA y del propio Tribunal Supremo (de 2011 y 2013 respectivamente), en que se condena a la Consejería de Educación por conceder ventajas injustificadas en forma de créditos horarios de liberación a los mismos sindicatos que hoy vuelven a ser receptores de la selectiva generosidad de la casa.

En resumen, tras los recientes y clamorosos escándalos protagonizados por los principales sindicatos "de clase", la Junta parece contemplar con espanto la perspectiva de unos resultados electorales que dejen con muy escasa representación en las mesas de negociación a esas organizaciones, hasta ahora siempre complacientes con el poder político, ya que eso supondría tener que negociar con otras, no dependientes de las subvenciones, que sí defienden los intereses de sus afiliados. Para evitar tan alarmante situación, nada mejor que conceder injustificables privilegios que faciliten las campañas electorales de los afines y ejercer todo tipo de presiones que dificulten las de la competencia.