LA desarticulación por parte de la Guardia Civil de una presunta trama de desvío de fondos de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) a empresas privadas vinculadas a alguno de sus directivos, con varias detenciones y registro de la sede, ha puesto en el disparadero a este floreciente y eficaz órgano de gestión de los derechos de autor. La SGAE, bajo la batuta del antiguo cantante de Los Canarios, Teddy Bautista, ha realizado una gran labor en defensa de los derechos de autoría de escritores, músicos y artistas, que han podido cobrar por sus obras y se han visto dignificados frente a la pretensión de gratuidad de la música y el cine a través de internet propugnada por un amplio sector de la población. Sólo el año pasado la entidad distribuyó 365 millones de euros entre sus 100.000 socios. En esa labor ha cometido diversos excesos, como la voracidad recaudatoria llevada a límites insufribles, que ha alcanzado incluso a festivales benéficos, o la imposición del llamado canon digital, promovido por el Gobierno, que grava la mera compra de CD o DVD por si el comprador los usa para descargarse ilegalmente los frutos de la creación ajena. Este castigo preventivo ha sido, lógicamente, rechazado por la Comisión Europea. Tales excesos y una gestión prepotente y megalómana le han valido a sus responsables una notable antipatía entre la opinión pública. Ello no les convierte, por supuesto, en culpables de los graves delitos que la Audiencia Nacional les imputa (apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario). Sobre ellos ha de gravitar la presunción de inocencia. No obstante, la situación creada por el escándalo obliga a que la junta directiva, reelegida horas antes de la operación dirigida por el magistrado Pablo Ruz, sea sustituida por una gestora en tanto se instruye la causa y se somete a juicio, si ha lugar, a los ahora imputados. Han de ser los tribunales, y no las redes sociales, los que determinen si se han cometido esos delitos y quiénes los cometieron.