En todo lo que rodea el brote de listeriosis y en especial la actuación de Magrudis parece que estamos condenados a ir de asombro en asombro a medida que se van conociendo detalles. En la empresa que fabricaba la carne mechada y que la comercializaba se daban cita, de acuerdo con lo que se ha ido conociendo desde mediados de agosto, todas las irregularidades posibles y alguna más. En Diario de Sevilla hemos publicado esta semana detalles de la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil por orden de un juzgado de instrucción que le helarían la sangre a cualquiera. Desde que el dueño sabía que la carne estaba contaminada desde diciembre del año pasado, y que se calló y tiró a la basura kilos de producto contaminado, hasta que tenía enganchada la luz a un poste de la calle, por no hablar de la existencia de una fábrica paralela sin registro sanitario y con menos papeles que una liebre. Desde mediados de agosto las revelaciones sobre Magrudis no dejan de ofrecer perfiles cada vez más alarmantes. No le puede extrañar a nadie que la juez Pilar Ordóñez haya dictado un auto en el que envía a prisión provisional al dueño de la empresa y a su hijo, que figuraba como titular de la misma. Lo raro es que esta medida se haya producido tan tarde y se haya dado tiempo a que pruebas fundamentales para determinar las responsabilidades se hayan podido escamotear.

Pero tampoco le puede extrañar a nadie que la defensa de los presuntos responsables vaya a escudarse en que si se cometieron los delitos por los que la juez está investigando se produjo también una culpa en la vigilancia que deberían desarrollar las administraciones. Si mi asombro es grande por las actuaciones que realizó Magrudis todavía es mayor por las que no realizaron los encargados de que estas cosas no pasen. La empresa funcionaba desde 2013 y hasta que se descubrió todo sólo había pasado dos inspecciones. Reconozco que no soy capaz de determinar con claridad dónde acaban las competencias del Ayuntamiento de Sevilla y empiezan las de la Junta de Andalucía en este tema. Pero estarán conmigo en que uno siente la extraña sensación de que la seguridad alimentaria en Andalucía es un campo sin vallar.

Y la pregunta inevitable que se hace cualquiera es cuántas Magrudis habrá en Sevilla, en Andalucía o en España que cada día ponen sus productos en nuestros supermercados o en nuestros bares y restaurantes con los mismos controles que pasó -que no pasó- la empresa de La Mechá. Por supuesto que hay que confiar en la profesionalidad de los industriales que se dedican a algo tan delicado como la alimentación. Pero visto lo visto en este caso, falta de control oficial incluida, uno se plantea si sabemos lo que comemos.