LOS alcaldes con aspiraciones de reelección en 2011 recibieron ayer la buena nueva de una segunda rectificación del Gobierno en el decreto que en mayo pasado cerró el grifo del crédito a los ayuntamientos. Si me apuran, ésta fue la medida más absurda de las adoptadas para reducir el déficit público, aunque otras eran socialmente más arriscadas.

La primera rectificación ocurrió en horas. El Boletín Oficial del Estado del 24 de mayo prohibía a los ayuntamientos pedir créditos a largo plazo para financiar sus inversiones... desde el 25 de mayo. Un día concedió el Gobierno a los municipios para digerir la noticia y aplicarla. Un día de locura y tensión: algunos ayuntamientos convocaron plenos extraordinarios a deshoras para solicitar créditos de urgencia mientras la Federación Española de Municipios y Provincias presionaba al Ejecutivo para que atendiera sus razones.

Las atendió en parte a la velocidad del rayo. Al día siguiente el BOE matizaba que la prohibición de los préstamos no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2011 y seguiría en pie hasta el 31 de diciembre del mismo año. Como es habitual, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, trató de quitar hierro a la metedura de pata: todos los BOE llevan corrección de errores. Las culpas, al tipógrafo. Antes muerta que sencilla, digo, antes cómica hasta el patetismo que humilde reconocedora de haberse equivocado.

La segunda rectificación, como digo, se anunció ayer. La misma Salgado avanzó que los Presupuestos Generales del Estado recogerán una nueva modificación del decreto que permitirá a muchos ayuntamientos -tres de cada cuatro, dijo ella- pedir los dichosos préstamos. Serán aquellos cuya deuda pendiente de pago no alcance al 75% de sus ingresos, y siempre que los destinen a inversiones, no a gasto corriente, que es precisamente donde la morosidad pone a las corporaciones locales al borde de la quiebra. Hay ayuntamientos que deben hasta la luz. En realidad deben hasta de callarse, porque no todos se han endeudado por el ejercicio de nuevas competencias sin dotación financiera, sino también porque han seguido gastando sin tasa cuando la crisis ha traído una brutal merma de sus ingresos.

Este cambio responde a una lógica elemental, a saber, que no se puede tratar con el mismo rasero a los alcaldes frívolos y derrochones (como el de Madrid, que él solito acumula la cuarta parte de la deuda total de los ayuntamientos de España) que a los alcaldes responsables y serios que han ajustado sus inversiones y gastos sin disparar con pólvora del rey. Si la vicepresidenta hubiera consultado en su momento a su colega de administraciones territoriales, Manuel Chaves, seguro que se habría ahorrado tantas correcciones.