HABIDA cuenta de lo que ha pasado durante los últimos años, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, sería muy arriesgado pronosticar que la decisión judicial, por otro lado absolutamente previsible, de sentar en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán vaya a suponer un coste electoral serio para los socialistas en las ya muy próximas elecciones. Las corruptelas, incluso un cierto grado de corrupción a gran escala, nunca han sido el factor decisivo a la hora de acudir a las urnas. Llevamos más de cinco años en esta región a vueltas con los ERE y la mancha es de tal extensión que supone una puesta en cuestión del modelo político que se ha aplicado en Andalucía durante las dos últimas décadas, caracterizado, según lo que se ha sabido en los juzgados, por la falta de control de los fondos públicos y un uso de los mismos discrecional. Sin embargo, el que el PP -mira quién fue a hablar- se empeña en calificar estos días como el mayor caso de corrupción de Europa no ha pasado factura electoral al PSOE andaluz, que sigue gobernando la comunidad sin visos de que vaya a dejar de hacerlo en los próximos años. Como seguramente tampoco pasarán excesiva factura a Rajoy los muchos escándalos de lucro personal que afectan a su partido, entre ellos los sobresueldos, Bárcenas o la "putitas de confianza" en el Alfonso XIII pagadas por un constructor para Francisco Granados durante una Feria de Abril.

Es tal la saturación de informaciones sobre la corrupción en sus diferentes escalas que parece que o bien la gente está saturada y ha dejado de tenerla en cuenta, o bien la consideramos ya un inevitable peaje que hay que pagar para que el sistema político esté engrasado. En cualquier caso, una debilidad de nuestra democracia que, además, no parece que la aparición de fuerzas populistas a derecha e izquierda vaya a corregir. Conviene no olvidar que la crisis del bipartidismo que ha dado lugar a la irrupción de Podemos y Ciudadanos ha tenido mucho más que ver con la gestión de la crisis económica y con el deterioro de las condiciones de vida de capas muy amplias de la población que con el caso de los ERE o con la Púnica.

Sentada esta teoría, tan discutible como cualquier otra en política, no estaría de más volver a subrayar que, en Andalucía, tanto en el caso de los expedientes de regulación de empleo como en el de los cursos de formación, de lo que se está hablando es de que los fondos públicos se usaron para lo que no debían usarse. No hay, por lo menos que se sepa has ta ahora, una conspiración política para llevárselo al bolsillo, si se exceptúa algún caso más o menos aislado en la Consejería de Empleo. Tampoco para resolver la siempre precaria situación financiera de un partido, en este caso el socialista.

Ello no le resta gravedad al asunto, pero lo sitúa en su verdadera dimensión más allá de lo que la propaganda quiere fabricar en cada momento. Al final, la mayor parte de los altos cargos que se sentarán en el banquillo lo harán por haberse creído, algunos, que eran ellos, los políticos, los que podían decidir en cada momento cuánto de ancha era la manga para utilizar el dinero de todos y dirigirlo a donde convenía. Otros, por permitirse el lujo de mirar para otro lado, convencidos de que, como la reina de Inglaterra, reinaban pero no gobernaban y delegaban esa tarea en el primer ministro de turno. Pero reina de Inglaterra sólo hay una y vive en el Palacio de Buckingham. San Telmo es otra cosa y cuando desde allí no se cortaron de raíz ciertas prácticas pasó lo que pasó. Las consecuencias se ven hoy. Y esto no ha hecho más que empezar.