Las elecciones catalanas del domingo van a coincidir con el vigésimo quinto aniversario del asesinato de Francisco Tomás y Valiente. El ex presidente del Tribunal Constitucional fue abatido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. El crimen tuvo lugar en plena campaña electoral de las elecciones generales que llevaron a Aznar a la Moncloa y pusieron fin a catorce años de gobiernos socialistas presididos por Felipe González. Ocho días antes de aquella matanza de San Valentín ETA asesinaba en San Sebastián al socialista Fernando Múgica Herzog.

Arnaldo Otegi fue el invitado de excepción a un mitin de Esquerra Republicana con Oriol Junqueras entre los intervinientes. Un día después de su muerte, El País publicó el último artículo escrito por Tomás y Valiente. De su mensaje deberían darse por aludidos los dos políticos independentistas unidos en su locura secesionista. "El término de preso político", escribía el magistrado, "debe quedar restringido para aquellos que expresan sus ideas diferentes a las del poder político antidemocrático que sufren y por las que son encarcelados. A nadie le ocurre tal cosa hoy en España".

Tomás y Valiente se refería a quienes calificaban de presos políticos a etarras que habían participado en hechos delictivos, "cuidado con las palabras porque ellas preparan el camino de las balas y de las bombas", decía en unos términos que se leerían como premonitorios. La filosofía sobre los presos políticos es también válida para el caso catalán y desmonta la épica de su martirologio, sin dudar del pacifismo de Junqueras en sus anhelos independentistas.

La presencia de Otegi en el estrado del mitin actualiza una corrupción moral que ha sido eclipsada por la hegemonía mediática de la corrupción contable o financiera. Los dos participantes en ese mitin forman parte de formaciones políticas fundamentales para sostener al actual Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, muy diferente en sus alianzas del que gobernó entre 1982 y 1996, el año que matan a Tomás y Valiente.

Esa corrupción moral incluye una legitimación de quienes ponen en jaque el Estado de Derecho y una deslegitimación del adversario político. En un mismo día leíamos que el Parlamento vasco no aprobaba una declaración institucional de solidaridad con los enfermos de cáncer en el día mundial contra esta enfermedad por el veto de EH Bildu a la presencia de Vox entre los firmantes y que se rechazaba la personación de Vox como acusación popular en el caso del derrumbe del vertedero de Zaldibar que causó la muerte de dos trabajadores, uno de ellos, Joaquín Beltrán, sin que aparezcan sus restos. Se supedita la noble acción humanitaria a intereses partidistas y cordones sanitarios. El periódico de tirada nacional que informaba de ambos vetos se refería a Vox como partido de extrema derecha, siendo mucho más aséptico cuando hablaba de EH Bildu, como si fuera el Partido Laborista británico, el Partido Demócrata de los Estados Unidos o los verdes de Dinamarca.