HA entrado en su tercera semana la huelga de los médicos especialistas de la Comunidad de Madrid en protesta por los recortes y el plan de privatizaciones impulsado por Esperanza Aguirre y acometido por su sucesor, Ignacio González, dos liberales acérrimos y firmemente decididos a llevar sus ideas a la práctica, cueste lo que cueste.

Entre esas ideas destaca la privatización de la gestión de seis hospitales y veintisiete centros de salud de la red asistencial de la región madrileña. Bueno, los responsables políticos lo llaman externalización en vez de privatización. Suena mejor y les permite explicar que es compatible que hospitales y ambulatorios sean dirigidos por empresas privadas con el mantenimiento del carácter público, universal y de calidad del servicio prestado a los pacientes.

La base de este plan, que ya ha sido puesto en práctica por el Partido Popular en otras comunidades autónomas, es que la gestión por el sector privado resulta más eficiente en el aprovechamiento de los recursos, que en esta etapa de crisis tienden a decrecer. No obstante, está por demostrar que el ahorro que una empresa privada conseguiría con respecto al modelo público actual sea mayor que los beneficios que dicha empresa persigue y logra, lógicamente, al hacerse cargo de la gestión. De hecho, las experiencias de las que ya se dispone no son concluyentes. Hay informes para todos los gustos, de modo que sólo una evaluación objetiva e independiente sobre un amplio conjunto de hospitales públicos y hospitales privatizados y cómo evolucionan unos y otros permitiría decidir con rigor y racionalidad.

Entretanto, sobra la imposición que el Gobierno madrileño está pretendiendo hacer de sus medidas frente a un amplio frente de trabajadores sanitarios y ciudadanos afectados. Porque tan comprensibles son los prejuicios privatizadores de los gobernantes neoliberales como los prejuicios contra la privatización de los partidarios de la continuidad de la gestión pública (entre los que me encuentro). Hacen falta más datos objetivos y menos vísceras.

Quizás la solución se parezca a la propuesta que hicieron pública ayer once sociedades y asociaciones de medicina y enfermería: financiación fija para cada centro, funcionamiento a través de contratos programa basados en objetivos, autonomía, profesionalización de los directivos y aplicación de incentivos en función de los resultados obtenidos. De este modo la gestión podría ser más eficiente, con más flexibilidad laboral y criterios de empresa, sin que el ahorro resultante fuera para enriquecer a nadie, sino para que la atención pública a la salud de los ciudadanos cueste lo menos posible a las arcas públicas. Eso exigiría aparcar el plan privatizador y negociar.