Periódicamente, en los últimos 16 años y cada vez que se acercaban unas elecciones municipales, las únicas que no pueden adelantarse y la gestión debe afrontarse con todas sus consecuencias durante cuatro ejercicios, el PP ha venido planteado la necesidad de modificar la Ley Orgánica Electoral para facilitar que gobierne la lista más votada.

El asunto se llevó al Congreso hace un año, pero no logró los apoyos necesarios. La idea era que, al estilo francés, se hiciera una segunda vuelta si, de entrada, ningún candidato a la Alcaldía logra la mayoría absoluta de los votos o el 35% de los votos y cinco puntos de diferencia con el segundo o el 30% y un margen de diez con el siguiente. Al primero, se le asignaría la mayoría absoluta de los ediles y los otros se los repartirían los demás partidos, de forma que no se bloqueara la gestión y se evitaran acuerdos entre fuerzas minoritarias -los que se han venido a llamar, cuando conviene, "pactos de perdedores"- que apartaran al candidato con más respaldo en las urnas, desde el principio o con mociones de censura.

Muchos analistas han señalado que detrás de esa constante (se planteó en 2003, 2008, 2011 y 2014...), estaba, por una parte, la necesidad de garantizar el gobierno de ciertas plazas cuando los pactos eran complejos y una especie de prueba para plantear algo parecido de cara a las elecciones generales, en un proceso más complejo y con implicaciones constitucionales.

Los detalles de cómo sería una modificación así en un sistema parlamentario y los pros y los contras escapan a una periodista de provincias. Pero lo que ha quedado claro es que donde hay que hacer las cosas de manera diferente para que el resultado sea distinto no es en los municipios, a donde se señala siempre, sino en el Congreso. Lo evidencian estos años de investiduras fracasadas, erráticos intentos de formación de gobierno y repetición de elecciones generales, a pesar del tremendo coste para las arcas públicas y los perniciosos efectos para el país, por las decisiones que se dejan de tomar cuando una campaña electoral entra en bucle y no se habla más que de listas y relatos. Eso sí tiene consecuencias para los ayuntamientos. Y para todo.

Por otro lado, las leyes que afectan a la administración local ya contemplan que, si ningún candidato logra una mayoría absoluta de concejales mediante negociación, sea investido alcalde el de la fuerza más votada. Y si hay bloqueo, tanto el gobierno como la oposición rinden cuentas por haber permitido que la anomalía (la falta de diálogo y acuerdo) se prorrogue y el bien común no se ponga por delante.

En las últimas elecciones municipales, por ejemplo, cuando se esperaba más fragmentación, hubo más mayorías absolutas y muchos alcaldes salieron reforzados. En Sevilla, sólo en La Roda hubo un pacto entre segunda y tercera fuerzas (IU y PP) que desplazó al candidato más votado, algo todo lo controvertido que se quiera, pero que no deja de ser diálogo, como ese que ha faltado en el Congreso, donde se supone que se practica la alta política.