La Junta de Andalucía no tiene en elaboración ninguna normativa para fijar un marco legal a la proliferación de apartamentos turísticos, que en algunas ciudades, como Sevilla, empieza a convertirse en un problema con consecuencias negativas para los vecinos de las zonas donde se instalan. El alto porcentaje de ilegalidad que se registra en el sector contribuye a que exista la sensación de que esta actividad se haya convertido en una selva en la que todo vale. El Ayuntamiento de Sevilla quiere que existan normas estatales o autonómicas que lo ayuden a regular algo que se le escapa de las manos.