El mero hecho de que la polémica se haya instalado, de que se lleve meses hablando de la cuestión y de que no se sepa todavía cuándo el anuncio de que se va a racionalizar la implantación de veladores dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad demuestra lo complicado que resulta a veces en Sevilla imponer el sentido común, que, como dice el tópico, es el menos común de los sentidos. Si estuviésemos en una comunidad en la que el dinamismo y las miras a medio y largo plazo primaran sobre el cortoplacismo, serían los propios empresarios del sector -los que tienen que ganar dinero en ese negocio- los que hubieran comprendido que seguir como en los tiempos de Juan Ignacio Zoido era tirar piedras contra su propio tejado. Si hubieran actuado con criterios de empresa habrían negociado con la Administración y evitado que ésta impusiera unilateralmente sus propias decisiones. Ahora, si cumplen lo que han anunciado, les espera un largo contencioso en los tribunales y, además, se han ganado la antipatía de una parte no desdeñable de la opinión pública local. Una vez más, la falta de mentalidad avanzada lastra el desarrollo de Sevilla y son los propios representantes de la iniciativa privada los que actúan como freno.

A nadie se le escapa, ni tan siquiera a los propios hosteleros, que la situación había llegado a un límite inadmisible para los ciudadanos. Por una razón muy fácil de comprender: en algunas zonas se había ocupado la calle sin control y, simple y llanamente, se estaba impidiendo la normal circulación de los peatones, tanto de los de aquí como de los de fuera. Los ejemplos de Mateos Gago y ciertos tramos de la Avenida de la Constitución son los más recurrentes, pero ni muchos menos los únicos. Mientras, zonas emblemáticas de la ciudad, como la Campana, han quedado empequeñecidas y desvirtuadas. En una situación así, lo normal era que el Ayuntamiento interviniese y lo único que cabe reprocharle es que no lo hiciera antes y que no haya demostrado más capacidad de diálogo para no llegar a la imposición. Tampoco hubiera estado de más que algunos establecimientos que han formado desde hace muchas décadas parte del paisaje urbano hubieran tenido un trato diferentes a las franquicias que igual que llegan se van.

Como tantas veces en Sevilla, se trata de un problema que tiene en su origen en la falta de un proyecto de ciudad en el que participen no sólo las autoridades locales, sino también su propia sociedad civil y, de forma muy particular, sus empresarios. Cualquier ciudad que aspira, como la nuestra, a convertir el turismo en una fuente estable de ingresos y en una de sus principales actividades económicas sabe qué es lo que hay que cuidar. No hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos de cómo se ha preservado el patrimonio y se han puesto en valor marcas locales. O, para no salirnos del tema de los veladores, cómo se han utilizado criterios estéticos y de respeto hacia la ciudad en sitios que sí saben mimar el turismo como París o Roma. Justo lo contrario de lo que se ha hecho aquí. Al final, no hay que darle muchas vueltas, Sevilla necesita poner en orden su oferta turística y hacer ésta compatible con el normal desenvolvimiento de la vida en sus calles. Empezar por regular los veladores no es una mala opción, aunque todavía faltarían muchas cosas.

El hecho de que se haya creado un conflicto en torno a este intento de regulación da a entender que no va ser fácil. Entran en colisión intereses generales con otros muy particulares. Una vez más también se echa mano del riesgo que se corre de destruir empleo, cuando para crearlo sólo habría que poner camareros en las muchas terrazas que funcionan en régimen de autoservicio. En esto, como en tantas otras cosas, se trataría de aplicar grandes dosis de sentido común. Pero, por desgracia, no parece que eso esté cerca.