LA ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, va camino de quitarle a Bibiana Aído el puesto de ministra con más rechazo (de los que la conocen, que no son muchos). Bibiana juega con ventaja: Zapatero la apoya sin fisuras en el encargo que le hizo sobre el aborto, mientras que a Ángeles la desautoriza en menos que canta un gallo.

Dos planes se conocen de la gestión de la guionista de cine en periodo de excedencia, y los dos han salido petardos. La orden de ayudas al cine español se la echó para atrás la Unión Europea en unos días; su mayor aportación a la Ley de Economía Sostenible (una comisión ministerial con poder para bloquear páginas web) la ha desmontado Zapatero en unas horas. Poco dura la alegría en la casa de las ministras rompedoras.

Esto último tiene que ver, desde luego, con el talante improvisador y obsesivamente marquetiniano del presidente. Para vender su mercancía de la sostenibilidad pidió a todos los ministerios iniciativas y medidas con las que llenar la ley-bálsamo, y así juntó un montón de folios. Se ve que no le dio tiempo a leerlos todos, y cuando alguien los lee con detalle y encuentra alguna barrabasada ZP cae en la cuenta y no duda en desautorizar a quien la comete. La velocidad con que lo ha hecho se explica por la instantaneidad con que los internautas funcionan para movilizarse. No es lo mismo que el campo, dónde va a parar.

La propuesta non nata de la ministra responde a un problema real y muy grave, a saber, que la industria que crea y comercializa contenidos culturales está al borde de la asfixia. En los últimos cinco años la venta de discos y DVD se ha reducido a la mitad porque la gente se ha acostumbrado a descargarse de la red la música y las películas que le gustan, y eso es completamente gratis, para desdicha de los creadores, que dejan de percibir la remuneración que su talento y esfuerzo merecen. No se entiende bien por qué, por puro avance tecnológico, todos los productos deben pagarse menos los que genera el mundo de la cultura.

Lo que pasa es que la respuesta de González-Sinde a este problema real ha sido arbitraria y de dudosa legalidad. Incluso aunque el propósito de la Comisión de Propiedad Intelectual que quiere crear no se dirija a perseguir al individuo que un día se descarga por la cara una canción o una película, sino a los piratas que se forran poniendo en marcha sitios en la red para lucrarse de descargas masivas de creaciones con derecho de autor, incluso en este último caso, la decisión del cierre de cualquier web no puede quedar en manos de la autoridad gubernativa -como el secuestro de un periódico durante el franquismo-, sino que ha de recaer en un juez.

"No se va a cerrar ninguna web", ha zanjado Zapatero. La ministra tendrá que buscar y pactar soluciones menos simples.