NADA nuevo bajo el sol. Aquí pasó lo de siempre: los sindicatos convocantes de la huelga de funcionarios de ayer calcularon un seguimiento del 75% y el Gobierno lo dejó en apenas un 11% (excluidos los servicios mínimos). Una distancia abismal, la que media entre el éxito y el fracaso.

Más allá de la guerra de cifras, el triunfo de una convocatoria de huelga puede medirse por sus efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Si la gente ve alterada su normalidad, sufre algún tipo de molestias e incomodidades o no recibe determinados servicios habituales, es que la huelga ha sido exitosa y quienes la convocan se han apuntado un tanto.

No ha sido el caso. Al no haberse registrado alteraciones sustanciales en centros sanitarios y colegios, no paralizarse el transporte público ni dejar de emitir las televisiones, los españoles han vivido una jornada como otra cualquiera, sin que el enorme malestar del funcionariado con el recorte salarial decretado por el Gobierno se haya traducido en una protesta generalizada con consecuencias para la población. Porque el malestar existe, y fuerte. Los funcionarios se sienten maltratados por una opinión pública que les ha endosado una pésima imagen colectiva y por unos gobernantes que han roto sus compromisos escritos con ellos y que los han utilizado como la carne de cañón más a mano para sus sobrevenidas necesidades de reducción del déficit.

La tónica del día en las oficinas de la Administración ha sido ésta: solamente han faltado al trabajo los sindicalistas y pocos más (las manifestaciones, por el contrario, han sido muy nutridas). ¿Por qué? Muchos han dicho explícitamente que, con sueldos que no son nada del otro mundo, no estaban dispuestos a pagar su protesta con los descuentos correspondientes a final de mes. Otro argumento esgrimido ha sido que las centrales sindicales les han defraudado con su idilio de los últimos tiempos con el Gobierno, sus subvenciones y su cohorte de liberados. Al fondo de estas quejas está la pérdida de credibilidad de los sindicatos, de los que se desconfía abiertamente.

Así las cosas, cabe preguntarse qué pasará si, finalmente, se llama a la huelga general a finales de mes, una vez que el Ejecutivo apruebe la reforma laboral que flexibilizará el despido. Da la impresión de que los sindicatos se van a ver abocados a convocar la huelga, que ellos mismos han vinculado a dicha reforma, a sabiendas de que el Gobierno ya no puede dar marcha atrás en el ajuste duro y conscientes del riesgo de cosechar un gran fracaso, después del cual ya no les quedará margen de maniobra alguno.

Mientras, se anuncia una subida de la luz del 4% (más IVA).