ES muy tranquilizador que María Teresa Fernández de la Vega afirme que el Gobierno no va a permitir que las víctimas del terrorismo sufran ni "la más mínima ofensa", y que si ello sucediera "actuaremos de inmediato". Pero, desgraciadamente, no está en condiciones de cumplirlo. No se puede dudar de su buena voluntad, pero tampoco de su impotencia. Sus mismas palabras encierran el gusano de la contradicción: si asegura que el Gobierno no va a permitir la más mínima ofensa a las víctimas, ¿por qué asegura también que actuará de inmediato si la sufrieran? Es evidente que ni ella, ni el Gobierno ni las leyes españolas pueden garantizar que las víctimas no vayan a ser ofendidas; y por eso se ve obligada a prometer también que si eso sucediera -que sucederá, como ha sucedido antes y seguirá sucediendo- actuarán de inmediato.

La liberación legal de De Juana Chaos es ya, en sí misma, una ofensa -y de las más hirientes- a las víctimas y a todos los ciudadanos no fanatizados por el nacionalismo o idiotizados por el partidismo. Como ofensivo fue el homenaje público a la alcaldesa Galparsoro (ANV) en Mondragón y ofensiva fue la excarcelación de la batasunera Elena Beloki, condenada a 13 años de prisión, porque la criatura quiere reproducirse y, según un informe facultativo, la cárcel no reúne unas "condiciones psicológicas adecuadas" para el tratamiento de fecundidad que sigue; hechos acontecidos esta misma semana que culmina con la liberación legal -insisto en ello porque es lo más hiriente- del asesino De Juana Chaos.

Los tres hechos demuestran que no es cierto, como también dijo la vicepresidenta, que el Ejecutivo y las fuerzas políticas (¿todas? ¿también las nacionalistas?) trabajen "para que los terroristas se encuentren cada día más aislados, más solos, más rechazados socialmente" y para proteger "a las víctimas del terrorismo y a sus familiares". No es que la mujer haya mentido; es que la realidad política y social vasca, la realidad legal y judicial española, y la obstinada realidad de los hechos la contradicen. El problema no es sólo suyo ni sólo de este Gobierno, que ninguna responsabilidad tiene en la disparatada legislación que pone hoy al asesino en la calle, sino de todos nosotros; de nuestro obstinado hacer la vista gorda ante la horrenda extensión social y las aborrecibles complicidades políticas que engordan el conflicto vasco que a tantos vascos -no sólo radicales- engorda; de nuestra suicidamente bienpensante legislación; del lastre de nuestra mala conciencia posfranquista que se obstina en ignorar la cadena perpetua para los delitos de terrorismo.