HOY se presentan a las Cortes los presupuestos generales del Estado. El margen de maniobra de que ha dispuesto el Gobierno es muy escaso, pues tiene que bajar de un déficit del 8,5% del producto de la economía a un 5,3%, y para ello sólo cabe reducir partidas presupuestarias y aumentar los impuestos. Aunque se ha procurado eliminar partidas de gasto que no generan directamente puestos de trabajo, el presupuesto no es fruto de un análisis en el que se haya calculado técnicamente el impacto sobre el empleo de una reducción de gasto o incremento de impuestos. Hay intuiciones, negociaciones, el deseo quizás de provocar el menor rechazo posible en capas amplias de la población, pero no un plan, un proyecto que una la técnica presupuestaria con la creación de empleo.

El aplauso de las instituciones europeas habría que acogerlo con recelo más que con satisfacción, pues saludan lo que no es sino una forma de salir del paso, de cumplir con la formalidad exigida por una burocracia poco eficaz, como se ha visto en la gestión de la crisis, sin visión alguna de las necesidades de generar empleo, de forma inmediata, que tiene nuestra economía y cómo puede lograrse. Hay que cumplir, pero haríamos bien en mantener con esa Europa una diplomacia distante, técnica y exigente, evitando ser complacientes con Alemania, que nos debe más a nosotros que nosotros a ellos. Porque si la aún más débil economía española sigue sin proporcionar suficientes ingresos fiscales, entraremos en una espiral de más impuestos y más recortes, impidiendo una recuperación de la economía.

Consideremos un ejemplo concreto de esa diferente orientación entre lo que es la voluntad de ajustar un presupuesto y la de estimular directamente la producción y el empleo. No veo mal la amnistía fiscal, pues la necesidad es en la vida un argumento poderoso; sin embargo, se ha orientado exclusivamente por el principio de urgencia de recaudar, y por eso se pone un gravamen del 10% sobre las cantidades que se aflore. Si lo vemos desde la perspectiva de la actividad productiva y el empleo, sería mucho más interesante -aunque no tan simple- llevar los dineros amnistiados a fondos para inversiones en viviendas en alquiler, para pagar el déficit de tarifa eléctrico, e incluso al fondo de facturas de la administración con proveedores. Un enfoque más ambicioso sería que participaran en fondos de préstamos a pequeñas y medianas empresas e incluso de capital riesgo. Si se diera carta en el asunto a las comunidades autónomas, en Andalucía hay una gran sensibilidad hacia estos temas y experiencia, pero nunca ha habido capital disponible.

Anteriores amnistías fiscales en España no han dado el resultado esperado. Sin embargo, ese dinero no declarado debe tener en su origen un componente de riesgo que lo haría ahora idóneo para el tipo de inversiones a las que me refiero. Si es así, se conseguiría lo que más necesitamos, más incluso que recursos para Hacienda, como es inversión en actividades productivas y creación de puestos de trabajo, y esa contribución social haría más fácil que la regularización fuera aceptada por la mayoría de las fuerzas políticas y por la propia sociedad.