Editorial

Sucesiones, un impuesto injusto y desigual

EL impuesto que grava las herencias y las donaciones refleja el desbarajuste al que ha llegado la fiscalidad entre las autonomías. Mientras algunas comunidades, caso de Andalucía, mantienen este impuesto, otras como Madrid le aplican una bonificación del 99%, lo que implica su práctica inexistencia. Esto viene provocando una brecha fiscal entre comunidades, de tal modo que hay titulares que prefieren empadronarse en Madrid antes que pagar al Gobierno autonómico un porcentaje alto en exceso. Ciudadanos ha solicitado al Gobierno andaluz que en 2016 se reforme este impuesto en Andalucía y que la reforma se aplique ese mismo año. Parece una propuesta razonable, ya que no se solicita la supresión, sino una bajada que, además, lo haga más justo. La medida no tiene por qué afectar al actual proyecto de Presupuesto, se puede reformar más adelante cuando se hayan hecho los cálculos. En el caso andaluz, existe un salto en los 175.000 euros, de tal modo que esta cantidad está bonificada al 100% para quienes hereden menos de la cifra, mientras que quienes reciban más pagan por el total. Una primera medida podría ser la eliminación de este salto injusto, de tal modo que esos 175.000 euros fueran bonificables para todos. Ello supondría una merma en los ingresos de unos 70 millones de euros, por lo que se puede estudiar cómo compensarlo. El Gobierno del PSOE y Ciudadanos ha acordado crear un grupo de estudio en el Parlamento que debe resolver dos asuntos: la brecha fiscal con otras comunidades y una bajada compatible con el gasto presupuestario. Hay que considerar que este impuesto está gravando en la mayor parte de las ocasiones al ahorro, que pasa de padres a hijos al final de toda una vida, por lo general, en forma de inmuebles. Lo que se viene solicitando es que las viviendas y los inmuebles que alojen a negocios propios no sean gravados por un impuesto, que sí se mantendría para las grandes herencias. Ahora bien, el desbarajuste es competencia del Gobierno central. El Ejecutivo del PP, partido que en Andalucía se opone al impuesto, bien podría haberlo eliminado mediante la bonificación del 99%, pero no lo hizo porque tendría que haber compensado a las comunidades autónomas por esta caída de ingresos. No tiene por qué eliminarlo, pero sí debe poner barreras a las diferencias fiscales, de tal modo que la autonomía financiera de las comunidades no conlleve brechas insalvables. Es de esperar que el Gobierno que salga de las urnas el 20-D aborde estas disfunciones de la España de las autonomías.

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