HACIENDO abstracción de que se encuentra en dificultades para superar su investidura como presidenta de la Junta y de que una entrevista radiofónica no es el ámbito más adecuado, las propuestas que acaba de lanzar Susana Díaz acerca de la legislación electoral deben ser tenidas en cuenta en un futuro debate y acuerdo sobre la profundización del sistema democrático y la participación de los ciudadanos en la vida política. Por un lado, la presidenta en funciones y candidata a la reelección propugna que en los comicios de distinto nivel que se celebran en España se contemple la implantación de una segunda vuelta en los casos en que la primera votación ni proporcione a ningún partido la mayoría absoluta suficiente para gobernar en el ámbito correspondiente. Se trataría de dar a los ciudadanos la capacidad de optar entre los dos candidatos que hayan logrado más apoyos en la primera vuelta. Supondría retirar a los partidos la actual facultad que poseen de acordar pactos para hacerse con una mayoría de escaños y, por tanto, con el poder. Los pactos son convenientes, pero tal como se practican en España suelen convertirse en un mercadeo de cargos y prebendas y llegar al extremo de aislar a la fuerza política más respaldada por los votantes. Eso se evitaría apelando a la suprema voluntad popular, que habría de optar entre las dos candidaturas más votadas en primera instancia. Por otro lado, Susana Díaz intenta afrontar un problema del que se habla con frecuencia, pero nunca se ha resuelto hasta ahora: el carácter de las listas electorales. Para consolidar los partidos políticos se convino en los albores del sistema democrático que las listas estuvieran bloqueadas, es decir, que los electores, al escoger una papeleta, han de asumir el orden de preferencia con que ha sido elaborada la candidatura por parte de cada partido. Al votante se le priva de su derecho a apoyar a unos candidatos de su confianza y tachar a otros. Con la iniciativa comentada serían los ciudadanos quienes, dentro de la lista seleccionada libremente, tuvieran también la libertad de decidir en qué orden salen adelante los aspirantes. Las dos medidas propuestas van, pues, en la línea de avanzar en el reforzamiento del sistema democrático en el aumento de la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales del mismo. No son inocuas, como es lógico, y tienen ventajas e inconvenientes. Pero deben ser debatidas y negociadas, junto a otras alternativas que todos los partidos están obligados a presentar. No ahora, en que la inminencia electoral lo hace inviable, sino cuando transcurran los comicios que están pendientes de celebración en este año plurielectoral.

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