EL Tribunal Constitucional (TC) dio ayer un nuevo varapalo a las fuerzas soberanistas catalanas y a las intenciones de la actual Generalitat de iniciar un proceso de desconexión del resto de España. Y lo hizo como sólo lo puede hacer un Alto Tribunal, con una sentencia aprobada por unanimidad en la que explica detalladamente por qué algunos preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas -que aprobó la Generalitat en 2015 para iniciar el camino de la independencia- son incompatibles con nuestra Carta Magna, la fuente de la que tiene manar cualquier iniciativa legislativa en España. Para el TC, algunas de las "estructuras de estado" -como los propios nacionalistas las llaman- que se contemplan en esa ley de la Generalitat son manifiestamente inconstitucionales; a saber: la Administración Tributaria de Cataluña, que la norma preveía poner en marcha en el plazo de un año desde su aprobación; el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos.

Eso sí, el TC no le ha dado la razón al cien por cien al recurso impuesto en su día por el Gobierno de la nación y sí ha considerado constitucionales, siempre que se interpreten como determina la sentencia, las disposiciones que prevén la elaboración de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y la creación de una Agencia Catalana de Protección Social.

Como era de esperar, el nacionalismo catalán reaccionó con virulencia e intentó deslegitimar al Alto Tribunal. Especialmente, llamó la atención el dislate del portavoz de ERC y diputado en el Parlament, Sergi Sabrià, quien cargó contra las "agresiones" del TC: "Tenemos un mandato y una hoja de ruta que hay que tirar hacia delante. Ningún tribunal corrompido nos hará renunciar a la democracia. El Parlament es soberano". Una vez más, ERC da pruebas de sobra de que, definitivamente, se ha echado al monte.

Evidentemente, el Gobierno tiene la obligación de que se respete y se haga cumplir la sentencia del Constitucional, y cualquier actuación de la Generalitat que vaya en contra de ésta debe ser penalizada inmediatamente. El nacionalismo tiene toda la legitimidad del mundo para impulsar los cambios constitucionales que estimen convenientes, pero no puede ignorar las sentencias del más alto tribunal de España.