ESTEBAN González Pons ha abierto un capítulo peliagudo y fascinante (de los muchos apasionantes y laberínticos capítulos de honda trascendencia social que el PP se dispone a abrir para probar su vocación ahorradora y neoliberal frente a la derrochadora del PSOE), el del desmantelamiento de las trece televisiones públicas de las comunidades autonómicas, ya sea mediante enajenación total o cesión parcial. Aunque en la barra del bar y en el atril del mitin cerrar televisiones, suprimir empresas públicas y vender patrimonio sea coser y cantar, en la práctica es una tarea hercúlea y no exenta de riesgos ni de tentaciones, pues si el riesgo de quedarse atrapado en mitad de una transferencia de bienes públicos es grave, el impulso humano (demasiado humano) de malbaratar en beneficio de los particulares es atroz. Es verdad que las televisiones públicas son carísimas, suntuarias y en gran medida inútiles, pero al mismo tiempo son corporaciones gigantescas, con miles y miles de trabajadores y con un patrimonio ingente producto de inversiones constantes y multimillonarias. Desmontar semejantes fortificaciones es una tarea hercúlea y no tan fácil (ni tan inconcreta) como presuponen las palabras del dirigente del PP. Desbaratar plantillas, disminuir instalaciones, acortar producciones y traspasar las sobras es muy complicado. El PP, según lo adelantado por González Pons, se propone retocar la ley del Tercer Canal y constituir un canal único, producto de la federación de los trece canales preexistentes que reducirán su presencia a desconexiones territoriales.

Quizá económicamente es una buena idea. ¿Y políticamente? El problema es que el producto que hay que privatizar está confeccionado con un material sensible, la pluralidad informativa y la libertad de expresión. Y eso de reunificar una multitud de voces en una sola (y con una única línea editorial) presenta un lado inquietante que no conviene olvidar. ¿Nuestro gravoso Canal Sur sucumbirá también? Javier Arenas adelantó hace meses que no tiene intención de privatizar la RTVA, más que nada porque los medios públicos andaluces cuentan con el blindaje del Estatuto, un blindaje, bien es cierto, relativo, pues a la declaración de que "el servicio y la gestión de la radiotelevisión de Andalucía tienen carácter público y se prestarán mediante gestión directa" se le agrega luego la excepción: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se podrán otorgar a entidades y corporaciones públicas y a los particulares concesiones administrativas para la gestión indirecta del servicio de radiotelevisión". ¿Cuál es el límite? ¿Habría que modificar el Estatuto para privatizar entero o en parte, como apunta González Pons, Canal Sur?

Lo dicho: un mundo fascinante y aventurado se abre tras el 20-N.