Pocas semanas habrán sido tan difíciles desde el estallido de la pandemia como la que empieza hoy. El comienzo del curso escolar para los alumnos de Educación Primaria llega en un mar de dudas, interrogantes y en no pocos casos verdadera angustia ante lo que pueda suceder en las aulas. Resulta bien difícil negar, incluso cuestionar, la incompetencia de las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas, que en todo caso han actuado tarde y mal, no han dotado a los centros de los recursos necesarios, han dejado desprotegidos a alumnos y profesores en lo que a los potenciales contagios se refiere y han hecho lo que peor se puede llegar a hacer en política: nada. Sólo ruido. El miedo de muchos padres a la hora de llevar a sus hijos al colegio es legítimo. Pero tampoco es razonable que el miedo ocupe el lugar de la política. Ni Andalucía ni el resto de España pueden permitirse prolongar un modelo de clases virtuales que deja fuera a demasiada gente: existe ya una fractura generacional abierta entre quienes desde el pasado marzo no pudieron seguir su enseñanza con normalidad, y esa fractura tendrá un coste social y económico no precisamente pequeño. El problema es que los padres ponemos en juego un material altamente sensible. Que el nudo en el estómago escocerá. Que esto tiene que salir bien.

Pero para que esto salga bien conviene superar también ciertos prejuicios de este tiempo. Nos ha tocado una época en la que se impone tener razón: las redes sociales y el exceso de información, no siempre fiable, convierten a cualquier hijo de vecino en experto en la materia. Así que la tentación de empezar el curso dando lecciones y diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer desde el púlpito de la convicción particular es creciente. Sucede, sin embargo, que corresponde hacer justo lo contrario: la epidemia ha demostrado hasta qué punto es imprescindible la responsabilidad personal para la seguridad del otro, y lo apropiado ahora es escuchar a los profesionales, confiar en ellos, atenerse a sus indicaciones, remar del lado de docentes y profesores, armarse de paciencia y dejar a todos hacer su trabajo. Tal vez estos profesionales no tengan razón a la hora de tomar ciertas decisiones; pero tal vez seamos nosotros los que no la tengamos. Y no pasa nada. Nadie ha pedido un marrón semejante para tener que dárselas de listo. Ponerse ahora en el lugar del otro es un deber ciudadano.

O, dicho, de otro modo: ha llegado la hora de que la sociedad civil asuma la ejemplaridad de la que carece su clase política. Hay mucho por ganar. Suerte a todos.