LA Comisión Europea, que aguarda alegaciones hasta hoy, tiene bloqueada la ley de financiación de RTVE, por lo que ni las cadenas privadas ni las empresas de internet y telefonía están obligadas al pago de sus aportaciones mientras se dicte una resolución. La corporación pública, sin esos ingresos publicitarios que ahora marisquean la compentencia con sus precios al alza, depende por ahora únicamente de la subvención estatal, unos 550 millones que cubren un 40% del presupuesto. Más de la mitad de las cuentas de RTVE van a estar en el aire como mínimo durante lo que resta de año, por lo que es comprensible que el anterior presidente, Luis Fernández, diera una espantá ante el cataclismo del Pirulí, al que se le aprecia una aluminosis financiera por imprevisión.

Cuando aún no ha cundido abiertamente el canguelo en el seno de la empresa que preside el octogenario Alberto Oliart, el futuro de RTVE es más incierto que nunca, no sólo por el dictamen de la Comisión, sino por los procesos que pueden seguir a la decisión. Si es favorable a las empresas privadas, la normativa se queda patas arriba; si es en contra, aún queda la Justicia para recurrir. El gusto de ver las películas o la gala de los Goya de esta noche sin interrupciones, y gratis, tiene un precio muy alto. Los presupuestos de la nueva TVE se envenenan y la realidad condena a la dirección de la casa a apretar gastos y a desalojar el lastre de la Champions o del Mundial de motos, o derechos de películas de primera fila, lo que el gurú del fútbol de paganini, Jaume Roures, compara como "la gasolina".

TVE se queda sin gasolina en la parrilla y en las cuentas bancarias. Oliart, que contrata a parientes mientras se enemista con medio consejo y con los sindicatos, apoya a la producción propia y a la responsabilidad. La responsabilidad gubernamental que ha faltado para vislumbrar el futuro inmediato.