AUNQUE pasen unos meses sin que se forme gobierno en España, no es un drama desde el punto de vista económico. Hay tres razones para ello; la primera, que actualmente la marcha de la economía depende poco de las decisiones de un gobierno; la segunda, que ni el ejecutivo que pudiera formarse ni el que saliera de otras elecciones podría alterar sustancialmente la manera en que funciona la economía española; y la tercera, que muchos de los asuntos diarios que afectan a la gente siguen en manos de las autonomías y de los ayuntamientos.

Empezando por la tercera de las razones, hemos seguido estos días la lista de temas que forman la agenda de la Junta de Andalucía, donde prácticamente está todo lo que a uno se le ocurre que se puede hacer. Pero gestionar educación, sanidad, vivienda, empleo son tareas corrientes donde hay un cierto margen para los criterios políticos, y un margen muy grande para la organización y buenos sistemas de trabajo. A modo de ejemplo, hemos visto con perplejidad la confusión creada en torno a la necesidad y obligatoriedad o no de determinadas vacunas. Éste es el tipo de cosas que interesa a la gente, y que no depende de si se llega a un acuerdo de gobierno, porque las decisiones quedan muy abajo en el nivel de la administración.

Sobre la primera razón puede argumentarse que ni el precio del petróleo, aunque subirá a 50 euros el barril este año, ni la espectacular afluencia de turistas que podemos absorber gracias a las criticadas inversiones en infraestructuras de otras épocas, ni los tipos de interés increíblemente bajos, ni la compra masiva de deuda pública y privada por el Banco Central Europeo, o el tipo de cambio depreciado del euro que tanto nos ayuda, dependen ni han dependido del Gobierno. Y, en relación a estas variables se sostiene la segunda razón, que un gobierno en minoría o en coalición no cambiará sustancialmente lo malo y lo bueno que puede tener nuestra economía. La bolsa española (aunque no el índice de medianas empresas) caía ya en el año más de un 8% antes de las elecciones, a pesar del crecimiento del producto interior bruto (PIB); y las inversiones, o compras de unas empresas por otras, o de unos fondos a otros, han seguido igual al margen de las elecciones, al tiempo que la inversión productiva seguía siendo precavida.

Entramos en un tiempo donde se verá qué dan de sí las autonomías y los gobiernos locales. Las empresas y los ciudadanos recibirían con optimismo la supresión de cargas administrativas y la reducción de la presión fiscal local, que pese a lo que se anuncia se mantiene en lo fundamental. O la eliminación de cargas injustas en la transmisión de viviendas, sobre las herencias pequeñas y medianas, y trámites e inspecciones, innecesarias y agobiantes, como la técnica de los vehículos, que nos hacen perder tiempo y dinero. Cada uno podría hacer su propia lista respecto a cómo los ayuntamientos deberían gestionar la convivencia y hacernos la vida más agradable. No son desde luego cuestiones de Estado, pero éstas serían las bases de una verdadera reforma social y cívica, reconstruyendo desde el ámbito local y autonómico el Estado que ahora está en suspenso.