LA invocación a la transparencia se ha convertido en un mantra que se repite en los últimos tiempos desde instancias públicas, acompañado a menudo de invocaciones a la "lucha contra la corrupción" y la "regeneración democrática", con las que se trata de hacer frente al desapego crítico generalizado hacia la política de una gran parte de la ciudadanía. Por convicción, haciendo de la necesidad virtud, o, en fin, por una mezcla de ambas razones, asistimos a una carrera por la transparencia que llevó a la aprobación de la ley estatal en diciembre del año pasado y llevará pronto (si un eventual adelanto electoral no lo impide) a la aprobación por el Parlamento de Andalucía de una ley autonómica.

En efecto, el martes 18 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un proyecto de Ley de Transparencia Pública. Ambos textos se complementan, es decir, la ley estatal es básica, y por ende, de aplicación también a las administraciones andaluzas, Junta y ayuntamientos, pero permite su desarrollo por leyes autonómicas. Por una parte, pueden ir más allá que el Estado en la determinación de qué información ha de ponerse a disposición de todos en intenet (siendo ya notablemente amplio el mínimo fijado por el Estado, que incluye entre otros todos los contratos, convenios, subvenciones, bienes y actividades de altos cargos). También les permite acortar el plazo de un mes para dar información previa solicitud. Por otra parte, y sobre todo, les deja un necesario campo de decisión para el establecimiento de las medidas organizativas e institucionales que resultan claves para la efectividad del derecho de acceso a la información, en las que se juega que la transparencia no lo sea sólo sobre el papel sino real.

El proyecto de ley andaluz, a mi juicio, aprovecha de forma convincente esos huecos. Así, por destacar sólo algunos puntos, amplía la información sometida a publicidad activa en internet, que se extendería, por ejemplo, a las agendas institucionales de los gobiernos autonómico y local o al gasto en publicidad institucional (a mi juicio debería especificarse que la información comprende la distribución entre los distintos medios de comunicación, dato crucial para controlar la interacción con dinero público entre afinidades políticas y mediáticas). También establece la obligación de retransmitir los plenos municipales en directo o de colgar en internet su grabación, así como la posibilidad de los asistentes de grabar los plenos con sus propios medios siempre que no se altere el desarrollo de la sesión.

En materia organizativa crea dentro de la Junta de Andalucía una estructura de coordinación central y comisiones y unidades de información en cada Consejería y el llamado Consejo de Transparencia y Protección de Datos, una autoridad independiente de control que vigilará el cumplimiento de la ley y ante el que se podrá reclamar contra las denegaciones de información y obtener una respuesta rápida y sin coste. La existencia de esta autoridad independiente, exigida por la ley estatal, posibilitará que no quede todo fiado a las reclamaciones administrativas (en muchos casos abocadas al fracaso) o judiciales (lentas y costosas y por ello, ineficaces para obtener información actual). Su papel es, pues, crucial para la efectividad de la ley. Su director será elegido por mayoría absoluta por el Parlamento de Andalucía. Creo que se podría incluso ampliar esa mayoría en garantía de un amplio consenso para que la elección no se base en criterios partidistas sino de cualificación e independencia, sin los cuales la institución nacerá muerta por descrédito.

Por lo demás, me parece un acierto aunar las competencias de transparencia y protección de datos, que están íntimamente relacionadas, y evitar así contradicciones y duplicidades institucionales. Finalmente, es de destacar que el proyecto de ley andaluz establece un contundente régimen sancionador por incumplimiento de sus previsiones, en los que el propio Consejo de Transparencia tiene un papel destacado como vigilante y denunciante, y una Comisión consultiva de subvenciones y ayudas, cuya composición queda indeterminada y en la que es fácil ver el eco del asunto de los ERE.

La memoria económica es optimista y estima que todo el dispositivo organizativo, incluida la creación del portal electrónico y las unidades de información, se podrá poner en marcha con los recursos humanos y materiales ya existentes, salvo el coste que tenga la creación del Consejo de Transparencia. Todo deberá estar listo, a lo sumo, para finales del próximo año, para la Junta de Andalucía y para el más pequeño de los ayuntamientos de Andalucía. Todo un reto que exige un esfuerzo de planificación, reorganización y formación, y de cooperación interadministrativa, bajo la convicción de que las obligaciones de transparencia que contienen serán exigidas y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información será ejercitado. Sin duda, vienen para quedarse.