HA nacido con mal pie la ley de transparencia de Andalucía, aunque el hecho de que se encuentre todavía en fase de anteproyecto permite albergar la esperanza de su mejora y afianzamiento. Es importante porque supondrá un serio avance en la regeneración del sistema democrático, la transparencia de los gobernantes y los derechos de los ciudadanos. El mal ambiente que ha rodeado el anteproyecto procede de que su aprobación, este martes, por el Consejo de Gobierno ha venido a coincidir temporalmente con el levantamiento del secreto en el sumario de los ERE (escándalo que sólo ha sido posible precisamente por la opacidad de la Administración autonómica) y la polémica social y cívica causada por la subida de las dietas del presidente y los portavoces adjuntos del Parlamento andaluz, ejemplo a su vez de la forma de actuar de los cargos públicos que la futura norma trata de frenar. Al mismo tiempo, se conocía que el Partido Popular, que es el grupo mayoritario en la Cámara que ha de aprobar la ley, se desentendía de las negociaciones sobre la misma, y que Izquierda Unida, asociada con el PSOE, veía "bastantes carencias" en el texto presentado a los medios informativos por la consejera de Presidencia, Susana Díaz. Por lo demás, el anteproyecto de ley recoge, en su redacción actual, el derecho de los ciudadanos a recibir información de todas las instituciones públicas de la comunidad autónoma, de ayuntamientos y centros de enseñanza, de las empresas que contraten con ellas y, en general, de todo tipo de organizaciones y entes que reciban fondos públicos para el ejercicio de sus actividades. Todos estos organismos se imponen un plazo de 20 días hábiles para contestar a las peticiones de información que les hagan llegar los ciudadanos, aparte de suministrar por sí mismos todos los datos relativos a su funcionamiento ordinario. Se acabará, pues, el tópico silencio administrativo que ha constituido durante mucho tiempo la reacción habitual de muchos gobernantes a las demandas ciudadanas. Para garantizar los derechos consagrados en la nueva legislación se creará una agencia independiente, cuya máxima autoridad debería ser refrendada por el Parlamento por una mayoría más cualificada que la absoluta prevista en la norma defendida por el Gobierno regional. En ningún caso ha de estar vinculada al Gobierno. La ley de transparencia aún tardará muchos meses en entrar en vigor. Tiempo suficiente para que los tres grupos parlamentarios debatan y mejoren el texto actual, que ha de ser sólo un punto de partida. No es una ley que pueda permitirse ser impuesta por unos y rechazada por otros. El consenso se impone en este caso.

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