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Trilerismo político

A quien Europa le lleva a rectificar es al Gobierno, pero mueve la bolita para hacer creer que se enmienda al PP

Predo Sänchez interviene en el debate con Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

Predo Sänchez interviene en el debate con Alberto Núñez Feijóo en el Senado. / Juanjo Martín · Efe

EL comienzo del curso político no ha defraudado: todo se enfoca ya al año electoral que nos queda a los españoles por delante. ¿Y cuándo no? Porque la confluencia de convocatorias –adelantadas o no– a las urnas se solapan y raro es el año en el que no hay conciudadanos votando dos veces en doce meses. Salvo sorpresa, esa media ya está cumplida en 2022 (Castilla y Leon y Andalucía) y asegurada para 2023: el 28 de mayo comicios municipales en toda España y autonómicas en las comunidades que accedieron al autogobierno por el artículo 143 de la Constitución (incluyendo Madrid, pese a que las hubo en 2021, y excluyendo a Castilla y León).

Pero ni siquiera el calendario electoral debiera justificar el nivel de trilerismo político al que nos somete la clase dirigente, singularmente los partidos en el Gobierno del Reino.

El deterioro económico, con la inflación desbocada como principal problema para el ciudadano medio, ha agravado esos comportamientos.

La parte socialista del Ejecutivo ha decidido radilicalizarse y competir con las marcas electorales de sus socios (veremos si Podemos e IU concurren integrados en Sumar).

Esa apuesta indisimulada por el populismo tiene su máxima expresión en el nuevo impuesto que plantea para las empresas energéticas y la banca, por supuestos beneficios caídos del cielo, que si en las primeras son discutibles (aunque el sistema de fijación de precios esté elevando su rentabilidad), en las entidades financieras no tienen razón alguna, sobre todo porque la subida de intereses no se había aplicado en el primer semestre y porque cuando han estado en negativo y su rentabilidad era muy compleja nada se hizo en sentido contrario, para garantizar su viabilidad.

El impuesto planteado en España pretendía gravar el conjunto de los ingresos de las empresas y por dos años. Algo injustificado y que explica rechazos como el del PP. Ahora la Comisión Europea ha planteado una contribución solidaria de los grupos energéticos, pero sujeta a los beneficios y no a la facturación y durante cuatro meses. Una diferencia sustancial.

Sin embargo, el trilerismo del Gobierno lleva a que, aunque admite que va a rectificar sus planes para ajustarlos al modelo de la UE, se ha lanzado a una campaña para enfatizar que el PP niega en España lo que Ursula von der Leyen propone a los Veintisiete. No sólo es falso porque los de Alberto Núñez Feijóo apoyan esa fórmula, sino que se creen que nos mueven la bolita como si los españoles fuésemos primos.

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