QUIZÁS no tenía razón el alcalde de Alhaurín de la Torre, Juan Martín Serón, detenido horas después de asistir a un mitin de Mariano Rajoy, cuando se envolvió en la bandera victimista de partido y gritó camino de Comisaría: "¡No vienen a por mí, vienen a por el PP!". Pero aquel caso Troya de corrupción tan estruendoso que parecía que iba a arder Troya está quedando en casi nada.

El caso se desinfló el pasado jueves, en pleno juicio, cuando la Fiscalía retiró la acusación contra 18 de los 20 acusados, que pudieron irse libres a casa en ese mismo momento, quedando en el banquillo solamente el citado alcalde y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y ambos con imputaciones y peticiones de condena enormemente rebajadas. Como diría Beni de Cádiz, "mu poco, casi ná".

Verán. A la hora de la verdad, o sea, a la hora en que hace falta probar las acusaciones, la famosa trama de corrupción se ha venido abajo. Los peritos llamados a testificar han coincidido en que las licencias urbanísticas por las que empresarios y promotores pagaban al alcalde y al edil de Urbanismo no eran ilegales, sino que se adaptaban al PGOU local. En consecuencia, los paganos no eran autores de ningún soborno, sino víctimas de una extorsión. De modo que se les han retirado los cargos. En consecuencia también, alcalde y concejal no pudieron cometer el delito de prevaricación, puesto que no realizaron ningún acto ilegal o injusto a sabiendas. Cobraron por dar las licencias, pero sin vulnerar la ley. ¿Resultado? Un cohecho menor, castigado con multa de dos millones de euros, en el peor de los casos, en vez de los cuatro y siete años de cárcel que se les solicitaba inicialmente.

Se reproduce, pues, la disonancia entre expectativas y resultados que acompaña a tantos procesos judiciales contra la corrupción política, o, si se quiere, entre la espectacularidad de su puesta en escena y el magro balance de condenas a los corruptos. Primero se detiene a los imputados, se les somete a la pena de telediario, se registran dependencias oficiales, se filtran datos del sumario sobre cantidades, cuentas corrientes y trenes de vida y se induce a la opinión pública a creer que son culpables sin sombra de duda alguna. Luego llega el juicio y todo lo que se insinuaba hay que probarlo, y es entonces cuando salen a la luz las debilidades de la instrucción, la fragilidad del material probatorio o la falta de rigor en los procedimientos. Y los presuntos o son liberados o siguen siendo presuntos.

En fin, Martín Serón y Guerra tal vez sean condenados por haber cobrado indebidamente por conceder licencias legales. Poca cosa. Nada que recuerde al escándalo que se bautizó como caso Troya.