LA universidad española cumplió tras la Transición con las dos responsabilidades básicas que le planteaba la sociedad: dotarla, por un lado, de profesionales y doctores y, por otro, aumentar el conocimiento en todas las ramas del saber. La prueba de que realizaba eficientemente sus funciones la tenemos en que pasamos de 28 universidades públicas a 50. Entre estas responsabilidades no estaba el ser motor de ningún tipo de economía.

La universidad no ha tenido especiales conflictos con la sociedad española que la albergaba; por ello la primera ley de las universidades de la democracia, LRU (1983), no fue modificada hasta 2001. Únicamente cuestiones académicas como la selección del profesorado, la endogamia, eran problemas llamativos. Pero incluso esta cuestión se enraizaba en un modelo de sociedad donde la selección por méritos no es la norma.

Las leyes permitieron que fuera el profesorado el encargado de gestionar todos los asuntos universitarios. Una sociedad instalada en una economía en crecimiento, merced al ladrillo y al crédito fácil, permitió a los gestores universitarios aumentar los gastos de todo tipo. Ni los profesores-gestores ni los políticos repararon en que el modelo económico era insostenible, seguramente porque los primeros servían dócilmente a los objetivos de los segundos y porque los políticos utilizaban a las universidades como semillero y retiro de cargos públicos.

El cuestionamiento de las funciones universitarias es relativamente reciente y tiene su base teórica en los años ochenta del siglo XX, cuando el modelo universitario anglosajón introduce el capitalismo académico. En la universidad española es la banca, y no el débil sector productivo nacional, la principal alentadora de estas ideas de la economía neoliberal. Así, el proceso de Bolonia es utilizado por sus fundaciones para señalar que las universidades públicas están obsoletas y solicitar insistentemente que deben adaptarse a las necesidades de los mercados.

La crisis económica ha confirmado la falta de responsabilidad social de la banca y, a pesar de ello, las autoridades han seguido con la adaptación de las universidades públicas a sus planteamientos, como si nada hubiera pasado. Ya se ha dado el visto bueno a la creación de 21 nuevos Campus de Excelencia Internacionales que se supone serán, junto con las 50 universidades, motores de una recién descubierta "economía sostenible". Las autoridades ministeriales parecen empeñadas en hacernos creer que podemos salir de una crisis del modelo de crecimiento, que produce un paro juvenil del 40%, invocando palabras como sostenible, excelencia e internacional.

No parece tenerse en cuenta un hecho básico: sin economía productiva no hay innovación. Cualquier país que apueste por incitar a sus universidades a hacer innovación, sin contar con una economía productiva, las condena a una innovación inútil o a beneficiar economías productivas foráneas.

En los últimos años, con la burbuja inmobiliaria, hemos venido aumentando los fondos dedicados a la innovación en un entorno de economía productiva nacional casi inexistente. Los resultados ya los tenemos: nuestro país ocupa el noveno lugar mundial en la publicación de "trabajos científicos" pero el vigésimo quinto en patentes, y además el aumento en el número de publicaciones no ha incrementado aquellas que aportan nuevos conocimientos, que permanecen sin variar pese al aumento de las inversiones.

Estos resultados no han parecido influir en la política universitaria de nuestras autoridades y los programas que deberían ligar a las universidades, de una vez por todas, a las escasas empresas capaces de producir algo y no a las muchas que solo saben especular con algo, esperan en los cajones ministeriales. Iniciativas como la fusión de universidades, para hacer efectiva la unión de la educación-ciencia-innovación con la escasa economía nacional productiva de que disponemos, podría haber sido el objetivo de los Campus de Excelencia Internacional que, sin embargo, van camino de convertirse en estructuras cuyas funciones compiten y coinciden con las de las universidades.

Aquellas universidades que no puedan implicarse con la economía productiva y generar nuevos conocimientos se deberían convertir en Centros de formación de profesionales cualificados para una sociedad que apueste por el bienestar social. Su número se fijará por la sociedad, dependiendo del gasto que decida emplear en el bienestar de sus miembros. En estas "universidades profesionales", donde no será necesario hablar de innovación y sí de calidad de vida, se impartirán estudios para formar profesionales de la salud, de la enseñanza, técnicos de las diferentes industrias, profesionales en leyes y economía, profesionales capaces de mantener y conservar nuestras viviendas e infraestructuras públicas y privadas...

Es duro reconocerlo, pero la universidad que salió de la Transición y que ha llegado hasta hoy cumplió sus funciones en un modelo de crecimiento económico especulativo, que para nuestra desgracia se ha mostrado insostenible. Los cambios en las universidades por tanto se hacen inevitables. Las incertidumbres y sacrificios que estos cambios puedan generar deberían ser tutelados por la sociedad y nunca permitir que sean impulsados por la economía no productiva y el capital financiero.