LA figura y las actividades empresariales de Iñaki Urdangarín, yerno del Rey en su condición de esposo de la infanta Cristina, están objetivamente dañando la imagen de una institución, la Corona, que se ha granjeado la simpatía y el respaldo sincero de los españoles porque su actual titular, don Juan Carlos I, prestó servicios inmensos y duraderos a la instauración de la democracia y a la integración de España en la comunidad internacional de las naciones libres y prósperas. Quizás de manera precipitada e injusta, puesto que Urdangarín no ha sido imputado en la instrucción judicial que se sigue contra su socio en la sociedad Nóos, aunque los documentos, testimonios y diligencias practicadas hacen prever que la imputación llegará en las próximas semanas. Sobre el duque de Palma planean, pues, la presunción de inocencia que atesora, gracias a la Constitución, cualquier ciudadano español que no ha sido condenado en firme y el derecho a la defensa que sólo podrá ejercer si resulta finalmente imputado, pero también grave sospechas e indicios de que, con la tapadera de Nóos, utilizó su pertenencia a la Familia Real para allanar voluntades de diversos gobernantes autonómicos y municipales, que le hicieron beneficiario de contratos no siempre justificados en el servicio público. Todo ello, claro es, habrá de ser dilucidado por los tribunales en su momento, que es de desear sea próximo, ya que la prolongación de la situación actual no acarrea más que perjuicios a Iñaki Urdangarín y, por extensión, a la Familia Real de la que forma parte y de la que todas las partes implicadas parecen desear siga formando parte. Por parte de la Casa Real la única decisión adoptada en el ámbito institucional ha sido la reducción, e incluso a medio plazo la desaparición práctica, de la agenda oficial del duque de Palma, que actualmente reside con su esposa e hijos en Estados Unidos. Ahora mismo es un familiar del jefe del Estado que puede tener problemas con la Justicia por su actuación individual, sin que éstos deban afectar al Monarca ni a la institución misma. No hay razones objetivas para que los españoles se planteen retirar su confianza al Rey, a su heredero Felipe de Borbón o a la monarquía como régimen constitucional adecuado y conveniente para la sociedad española. Es de desear que el proceso judicial en curso se acelere, sin merma de las garantías legales exigibles, y el caso se resuelva, en el sentido que sea, para que todo quede reducido a lo que en realidad es, un episodio aislado que en nada afecta a la estabilidad del país.