EL esposo de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, ha sido apartado de la agenda y desvinculado de los actos oficiales de la Familia Real por su presunta implicación en el caso Palma Arena, un escándalo de desvío de fondos públicos que está siendo investigado judicialmente. La decisión, tomada por el Rey, fue comunicada ayer oficialmente por el jefe de su Casa, Rafael Spottorno, quien no aclaró si el apartamiento afectará también a la propia infanta. Con esta drástica medida don Juan Carlos trata de hacer frente al deterioro que el conocimiento público de las actividades financieras de su yerno estaba produciendo a la institución monárquica, garantía de estabilidad y continuidad de la nación española desde hace más de treinta años. Aunque medios oficiales y círculos próximos a la Familia Real insisten en la presunción de inocencia de Urdangarín, que aún no ha sido imputado en ningún delito, y en su derecho de defensa, el jefe de Estado ha percibido la conmoción que las informaciones sobre la actividad empresarial del ex jugador de balonmano han provocado en la sociedad española. Ello se produce precisamente en un momento en que el desempeño de todas las instituciones públicas es analizado con lupa por los ciudadanos y en que las nuevas generaciones de españoles, ajenas a las vicisitudes de la historia reciente, contemplan más críticamente a la propia Monarquía. Es significativo que el jefe de la Casa Real no se haya privado, al dar cuenta de la separación institucional de Urdangarín, de subrayar que el comportamiento de éste no le parece "ejemplar". Debemos deducir que es el Rey mismo quien piensa que esa conducta ha sido inapropiada por parte de su yerno. Contra lo que sostienen sus defensores, Iñaki Urdangarín no está siendo investigado como un ciudadano particular, sino por las gestiones y negocios que ha podido hacer por ser miembro de la Familia Real y al amparo de su buen nombre. El Rey ha actuado con un gran acierto, sensatez y sentido de Estado al retirarle su confianza.