LA Fiscalía Anticorrupción no va a solicitar la imputación de Iñaki Urdangarín en el procedimiento que instruye por presunta malversación de fondos públicos y falsedad a través de una fundación que él presidía y sus contratos con los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Baleares (cuando estaban en manos del PP). De momento. A la espera de analizar la documentación incautada en los registros de los últimos días y la información recabada a los gobernantes.

De modo que a Urdangarín, hoy y mañana, hay que aplicarle los mismos principios que a cualquier otro español: la presunción de inocencia, que le asistirá hasta que no haya una sentencia condenatoria firme tras un juicio con todas las garantías legales -si finalmente lo imputan y lo procesan-, y la igualdad ante la ley que no le eximiría de pasar por este trance por su condición de miembro de la Familia Real como esposo de la infanta Cristina, o sea, yerno de los Reyes de España. La Casa Real así lo ha entendido, como no podía ser de otro modo: silencio respetuoso con el procedimiento judicial en marcha y, en caso de imputación, que se defienda como un ciudadano particular.

Mientras tanto, lo que se puede decir es que el asunto huele mal. Tras dejar el balonmano, donde fue jugador de éxito, y pasar por el Comité Olímpico Español, el duque de Palma se lanzó al mundo de los consejos y asesoramientos. Cuando él y la infanta se compraron un palacete de seis millones de euros en una zona exclusiva de Barcelona saltaron las alarmas ante la posibilidad de que Urdangarín estuviera haciendo uso de su parentesco para un mayor florecimiento de sus negocios. Tráfico de influencias, que le llaman. De hecho, cuando se conoció la dimensión de esos negocios los duques se trasladaron a vivir a Washington. ¿Alguien se lo recomendó?

Con estos antecedentes se entienden mejor las actuales dificultades de Iñaki Urdangarín. La sociedad sin ánimo de lucro Nóos, que él presidía, consiguió entre 2004 y 2006 contratos a dedo de los gobiernos valenciano y balear para organizar congresos sobre turismo y deporte. Tales contratos ascendieron a cuatro millones de euros, que fueron a parar a empresas creadas por los mismos administradores de Nóos y que ya sí tenían muchísimo ánimo de lucro: recibieron dichas cantidades por servicios que ni de lejos podían costar lo que ellos facturaron y por servicios que ni siquiera se prestaron. En consecuencia, lo que los investigadores creen es que el marido de la infanta Cristina hizo de intermediario con las autoridades del PP, que accedieron a contratar con su sociedad por ser él quien es.

Se entiende que el Rey no quiera que este caso salpique a la Monarquía, que no pasa por su mejor momento en España.