EL Gobierno pretende realizar las reformas legales oportunas para que los actos de vandalismo tengan el mismo tratamiento penal que los de la kale borroka. Que tuvieron tan buen resultado que, como por arte de magia, la violencia callejera en el País Vasco protagonizada por los alevines etarras desapareció prácticamente del mapa después de años en los que aquellos chavales atemorizaban a los transeúntes y se movían con plena impunidad. Nada como trasladar las responsabilidades penales a sus progenitores, por ejemplo, para que aquellos salvajes fueran metidos en cintura por quien los trajo al mundo. Un padre se vio obligado a vender su caserío para pagar el autobús que su hijo había calcinado con un cóctel molotov. El chico dejó de ser pandillero en cuestión de días.

Que se equipare a los vándalos con los borrokas provocará que muchas personas se lleven las manos a la cabeza, pero si olvidamos que los primeros apoyaban el terrorismo y pretendían además hacer méritos ante ETA, mientras que los manifestantes a los que ahora se pretende castigar no tienen nada que ver -o eso parece- con el terrorismo, los métodos con que manifiestan su protesta son, sin embargo, idénticos: agresiones a quienes no les jalean, quema de coches y contenedores y asaltos a comercios y bancos.

Amparados en pancartas y siglas de organizaciones que ellos dicen que son legales, cometen toda clase de desmanes. Ocupan viviendas, destrozan lo que se les pone por delante, insultan, ensucian, agreden y se asientan en plazas y calles el tiempo que les da la gana; y si son desalojados, regresan en cuanto tienen oportunidad para mantenerse en la misma actitud. Se llaman antisistema, okupas, seguidores del movimiento 15-M o de cualquier otro que defienda los intereses de diferentes minorías, pero independientemente de que pueden defender determinada ideología, que seguramente la tienen, su comportamiento es el mismo: deplorable.

Deplorable, agresivo y, sin ninguna duda, delictivo desde el punto de vista social. Que lo sea también desde el punto de vista legal, o pueda serlo, es una buena noticia. Ningún país democrático puede cruzarse de brazos ante quienes violentan la convivencia, agreden a quien no sigue sus consignas, destrozan el mobiliario urbano y provocan daños por valor de millones de euros que evidentemente deben costear los contribuyentes con sus impuestos.

El Gobierno sólo ha dicho que va a plantearse esa posibilidad, que la violencia callejera tenga el mismo trato legal que la kale borroka. Que se la plantee en serio. Ya. Que hace mucha falta.