MÁS allá de la habitual guerra de cifras, la Toma de Caracas impulsada por la oposición venezolana para exigir al Consejo Nacional Electoral que permita el revocatorio del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, fue ayer un completo éxito. Así lo atestiguan las impresionantes imágenes de la Avenida Francisco de Miranda rebosante de manifestantes y el testimonio de numerosos periodistas independientes que cubrieron la movilización y que destacaron también las numerosas triquiñuelas y obstáculos con los que el Gobierno bolivariano intentaba impedir una marcha pacífica con la que, una vez más, se escenifica el profundo malestar popular que existe con la Presidencia de su nación (el 80% de los ciudadanos se ha mostrado a favor de la destitución de Maduro).

A estas alturas ya nadie esconde -ni siquiera los más acérrimos defensores del movimiento bolivariano- la catastrófica situación económica que vive Venezuela. Después de una época dorada por los altos precios del petróleo, en la que se despilfarró el dinero en la expansión internacional de la ideología populista de Hugo Chávez, el país americano tiene que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su historia, en los que el desabastecimiento ha llegado a niveles del llamado Cuarto Mundo. La situación es producto de una práctica económica marcadamente demagógica, en muchos casos elaborada por asesores universitarios extranjeros que han encontrado en Venezuela un auténtico laboratorio en los que poner en práctica sus teorías radicales, algo que no le hubiesen permitido jamás en sus países de origen. A esta base teórica hay que sumar la praxis de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez, un político que ha demostrado una absoluta incapacidad para la gestión de los problemas públicos y que siempre oculta sus enormes carencias tras un discurso bravucón y el insulto más descarnado a sus opositores internos y externos.

La Toma de Caracas es un paso más en la larga lucha que la Mesa de la Unidad Democrática está librando con tesón para que Venezuela sea una democracia normal que sepa aprovechar en beneficio de sus ciudadanos los muchos recursos naturales que atesora. No se trata de volver a un pasado en el que la corrupción era asfixiante y la deuda social enorme. Simplemente, se trata de tomar la senda del sentido común económico y político.