ES erróneo creer que la situación actual del mercado de la vivienda es un problema exclusivo de las empresas promotoras, ya que sus efectos trascenderán a diversos sectores de actividad económica y, en última instancia, a la sociedad en general, tanto por la reducción de ingresos de las arcas públicas como por la generación de desempleo que conllevará.

Pudiera ser que la política de fomento de la vivienda protegida que quiere realizarse fuese acertada, pero no puede ignorarse el hecho de que las viviendas protegidas necesitan, irremediablemente, de la existencia de un mercado de viviendas libre que financie los gastos que origina el desarrollo de los suelos, ya que no pueden ser soportados por las protegidas.

Siendo ello así, que lo es, debe centrarse la atención en lograr reactivar el mercado de la vivienda libre como presupuesto necesario para potenciar la construcción de protegidas.

Y antes de pensar que las empresas vayan a acometer nuevos proyectos inmobiliarios, hemos de tener presente que existe un stock de viviendas terminadas que han de ser vendidas antes de iniciar nuevos proyectos, por lo que el objetivo inmediato, si queremos hacer realidad el fomento de la vivienda protegida, consiste en dar salida a las viviendas terminadas.

Una de las causas de paralización de la venta de estas viviendas reside en las restricciones de las entidades financieras para conceder créditos hipotecarios, ya que se desconfía de la capacidad de devolución de los compradores.

Planteado el problema parece evidente, que no fácil, la solución: se ha de facilitar la compra de viviendas libres por los particulares generando confianza a las entidades financieras.

En este sentido, la Administración ha desarrollado unas iniciativas para el fomento del alquiler de las viviendas que pueden ser de especial interés, y seguramente de mayor eficacia, lo cual es fácil dado el fracaso en el alquiler, para la compra.

Nos referimos a que se considere la prestación de ayudas al comprador de la vivienda, lográndose de este modo complementar su capacidad económica hasta tener solvencia y posibilitar la adquisición de la vivienda.

También aludimos, dado que la desconfianza de las entidades financieras reside en la garantía del cobro del dinero prestado, a que desde la Administración, de modo semejante a lo establecido respecto las rentas en los alquileres, se avale el pago de las cuotas hipotecarias, de manera que las entidades financieras encuentren respaldo en la operación y puedan asumir el riesgo de la misma.

Medidas como estas, que tendrían vocación temporal hasta lograr la reactivación sostenible del mercado, pueden favorecer salir rápidamente de una situación que, en caso contrario, puede desembocar en gravísimos problemas económicos y sociales.