LA comisión de investigación sobre los ERE fraudulentos ha sido un acierto. En primer lugar, por su existencia misma. Es verdad que no tenemos costumbre y esto quizá nos lleve a entusiasmarnos con la novedad. Y también a pagar la novatada, después de 17 años de rodillo gubernamental: darle a los comparecientes una hora al principio y media al final para que digan lo que quieran y sólo hora y media de preguntas es una exageración. En el Congreso de los Estados Unidos hacen comisiones de investigación menos familiares. Duras como un ladrillo. Se nota la mano de los investigados y sus actuales socios de gobierno en el suave diseño de esta comisión.

Pero todo hay que darlo por bueno. El Partido Socialista, que ha monopolizado el poder en Andalucía durante 30 años, con mayoría absoluta o relativa, por primera vez no tiene mayoría y se ha visto obligado a admitir una comisión que evitó como a una vara verde en la pasada legislatura. La primera conclusión de una semana y media de comparecencias es que un caso así no habría ocurrido si se hubiese producido alguna alternancia en el Gobierno de la Junta. El relajo en el que vivía la Administración autonómica, sin normas precisas, sin controles precisos, fiada a la buena voluntad y honradez de los centros directivos no se dan cuando el poder cambia de manos cada dos legislaturas, como suele pasar en el Gobierno central. El control y la eficacia aumentan exponencialmente.

Otra de las razones, todavía no puesta de manifiesto en la Comisión, es que sobraba dinero. Había dinero a espuertas. Unan a la abundancia el relajo y la falta de honradez (por puntual que fuese) y tendrán un caso de corrupción como un castillo. La comisión ha proporcionado ya datos. Este periódico publicó que el consejero Ávila cifró lo defraudado en 17 millones de euros. Casi 3.000 millones de pesetas, para no perdernos.

Las sesiones de la Comisión han servido para el descubrimiento de una gran parlamentaria, que aunque es nueva está haciendo una excelente labor: Alba Doblas, de Izquierda Unida, licenciada en Derecho, ex concejal de Córdoba, 41 años. Sigue la estela de otras grandes diputadas de IU destapadas en el Parlamento andaluz, como Rosa Aguilar o Concha Caballero.

A los portavoces del PSOE les toca el ingrato papel de proteger a los comparecientes de su partido. Es muy difícil hacer eso bien. Antonia Moro pasó de un tono meloso y sosegado cuando preguntaba a los socialistas a un genio tremendo levantando la voz a Zoido. Los del PP se vieron en las mismas con el propio Zoido y renunciaron a semejante papelón con Arenas y Zaplana. El aplomo y la crispación se han repartido entre los comparecientes. Entre los tensos, anoto a Recio, Aguayo o Ávila. Entre los relajados Vallejo, el interventor y Arenas. La comisión es un acierto. Y estamos sólo en el principio.