CUANDO el gran John Maynard Keynes escribió su Teoría General hace más de 70 años, el mundo funcionaba de forma distinta a como lo hace en la actualidad. Entonces, los tipos de cambio entre las monedas eran fijos, aunque podían ajustarse periódicamente cuando el sector exterior alcanzaba una situación no sostenible; los flujos financieros internacionales eran muy limitados, la competencia internacional entre países mucho más reducida que en la actualidad. Los gobiernos, en fin, contaban con una autonomía para influir sobre la actividad a través de políticas fiscales sensiblemente mayor. Las economías eran más cerradas y se gobernaban desde el lado de la demanda.

Dentro de ese terreno de juego, las expansiones del gasto público y las reducciones de impuestos generaban un impacto sobre la actividad que sólo estaba limitada en el medio plazo por los ajustes periódicos en el tipo de cambio y la capacidad de endeudamiento del Gobierno.

Aparentemente, la situación en la que se encuentra hoy la economía española mueve a pensar que, a pesar de las grandes diferencias estructurales con una economía de hace 70 años, el Gobierno cuenta con un amplio margen para implementar una política keynesiana que genere efectos similares. Porque es cierto que no tenemos que preocuparnos del tipo de cambio porque estamos dentro del área del euro y la reducida ratio de deuda pública con relación al PIB, ofrece un amplio margen para endeudarse.

El anunciado plan para acelerar la ejecución de obras públicas (que explica algunos cambios en el nuevo Gobierno….) tiene el mismo tinte keynesiano que hace medio siglo: expansión del gasto público para crear empleo y sostener rentas.

Sin embargo, en un área monetaria integrada se producen algunos efectos no deseados: el crecimiento se filtra más rápidamente al exterior, incrementando el ya abultadísimo déficit externo y contribuye a la aceleración de la inflación -la más elevada de la Unión Europea- haciendo perder competitividad. Además, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, la formación de expectativas se produce hoy de forma más intensa y rápida, tanto para empresarios como para consumidores, generando unos efectos más limitados sobre el crecimiento del sector privado en una época de desaceleración.

Cuando se agote el plan de obras, la situación económica será de menor competitividad y mayor déficit público y exterior. Encauzar la situación hacia un escenario sostenible supondrá un reto mayor y la necesidad de generar crecimiento desde el lado de la oferta, pero no desde la demanda, se hará más evidente.

Después de catorce años de elevado crecimiento, la economía española va a transitar por una fase difícil que nos llevará a un nuevo escenario. La primera es posible salvarla con dinero público. Pero la segunda nos enfrentará de plano con un escenario en el que el gasto público no ejercerá ningún efecto y tendremos que demostrar que seremos más competitivos en los mercados internacionales.