LA verdad es que a agua pasada… Es cierto que ahora muchos se apuntan al vanidoso carro del "ya lo dije yo", en referencia a la explosión de la burbuja inmobiliaria. Ahora todo se ve claro, pero hace algo más de un año no era evidente que la situación en estos momentos sería tan grave. Aunque es cierto que muchos analizaron las consecuencias futuras, hoy presentes, de lo que estaba pasando ya en el año 2003 o 2004, eran pocos los que afirmaban que el estallido de la burbuja afectaría de forma tan intensa a la economía española. Sin embargo, a parte de la mayor o menor gravedad, una cosa es cierta, la actual coyuntura se esperaba más temprano que tarde. Se esperaba porque, simplemente, era previsible.

En otros artículos anteriores explicaba que esta burbuja ha sido totalmente racional, lógica. Es la pura materialización de las expectativas humanas en los mercados y, por ello, es lo que podemos esperar del homo economicus. Siendo así, algunos se preguntan ¿qué se podría haber hecho para evitar lo ocurrido?, y si había posibilidades de evitarlo, ¿por qué no se hizo nada? Empezando por el final, la actuación de la autoridad política (en todas las administraciones) ha sido a su vez racional, es decir, se ha ajustado al guión del corto plazo. La burbuja ha permitido una bonanza que políticamente interesaba. Si se hubiera actuado de forma económicamente responsable como, por ejemplo, endureciendo y no facilitando el acceso a la vivienda en propiedad, favoreciendo más y mejor el mercado de alquiler, entre otras muchas actuaciones, se hubiera limitado la presión sobre los precios. Sin embargo, estas mismas actuaciones posiblemente hubieran tenido un coste político, en términos de menor crecimiento económico. Por ello, la actuación de los diferentes gobiernos desde 1996 no han previsto este tipo de acciones.

Para en un futuro evitar nuevas burbujas inmobiliarias, es menester considerar algunas otras actuaciones preventivas que pudieron haberse aplicado y no se hicieron. Por ejemplo, los bancos centrales debieran estar más atentos a las inflaciones crediticias. Aunque la restricción per se del crédito no es deseable, sí es necesario controlar más intensamente las concesiones de los mismos. Por ejemplo, es necesaria una mayor transparencia en las tasaciones hipotecarias, luchar más intensamente contra el fraude en los precios, controlar mejor las publicidades de las entidades financieras sobre sus productos financieros, etcétera. Por otro lado, debiera considerarse la posibilidad de incluir en el objetivo de inflación del Banco Central la evolución de los precios de ciertos bienes no de consumo, como es el de la vivienda. No es de admitir una inflación del 20% en el precio de un bien tan importante para las rentas de los hogares sin que esto afecte a la política monetaria.

En definitiva, no es este el lugar de enumerar las posibles actuaciones de política económica que impidan o dificulten nuevas burbujas inmobiliarias, pero sí de ofrecer la posibilidad de conocer algunas que están ahí. Algo positivo de esta experiencia es, sin duda, que aprendemos.