Pedro Sánchez es alumno destacado del maestro que aconseja repetir falsedades hasta que sean asumidas como verdad. Acumula unas cuantas, aunque no es el único político experto en esa estrategia; pero Sánchez utiliza ese recurso con más desfachatez. Entre las falsedades que maneja con soltura el presidente en las últimas fechas se encuentra el repetir unas vez y otra que el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Si hay que utilizar la palabra bloqueo habría que mencionar no sólo al PP, sino también al Gobierno porque es mayor el de Moncloa que el de la calle Génova. Las conversaciones entre Gobierno y PP han ido bien, incluso muy bien, hasta que Pedro Sánchez metió la mano, inducido como siempre por sus socios de Podemos y por los partidos a los que quiere contentar para que le echen una mano parlamentaria cuando vengan mal dadas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que es también el responsable de Justicia de la dirección del PP, han negociado de forma discreta la renovación del CGPJ durante meses. Se conocen bien, mantienen una relación personal fluida y se respetan en lo profesional.

El acuerdo al que habían llegado se rompió a principios de verano, en cuanto lo trasladaron a la presidencia del Gobierno. Sánchez quería un miembro de Podemos en el CGPJ y también algún catalán. Independentista, desde luego. Esa exigencia de Moncloa es lo que provocó que el PP se negara en redondo a seguir negociando. Consideraba que existían motivos sobrados para desconfiar de lo que pudieran impulsar podemitas e independentistas en el Consejo. Que si en tiempos de Carlos Lesmes ha estado menos politizado que en años anteriores -aunque en casos de fuerte carga política se suelen dar votaciones contaminadas-, con Podemos dentro, el o la vocal que saliera elegida utilizaría las mismas artimañas y tendenciosidad que está utilizando ese partido en las instituciones en los que se ha incrustado.

Sánchez pretende ahora cambiar las reglas de juego imponiendo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la exigencia de mayoría cualificada para la renovación. Busca expertos para que hallen la manera de salvar los obstáculos legales, y mientras lo buscan, sigue la arremetida contra el supuesto bloqueo que impone Casado.

Es listo el presidente, hay que reconocerlo: siempre encuentra la manera de descalificar al adversario echándole la culpa de sus propios desaguisados,que siempre tienen el mismo diseño: tomarse la ley a título de inventario.