LOS vecinos de Almadén de la Plata se echaron ayer a la calle, convocados a través de un bando municipal, en demanda de mayor seguridad y en protesta por la posibilidad de que Manuel González, el loco del chándal, establezca su domicilio en esta localidad tras haber sido puesto en libertad al derogarse la doctrina Parot. Tal eventualidad se fundamenta en que la madre de González es originaria de Almadén y la familia mantiene una vivienda en el pueblo, aunque reside en Cataluña. El violador agredió en los años noventa con arma blanca a dieciséis mujeres, causando la muerte de una de ellas, siendo condenado en 1997 a 169 años de cárcel, aunque acaba de ser excarcelado en aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Ayer mismo el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, apelaba a la tranquilidad de la población argumentando que Manuel González ha cumplido la pena impuesta y tiene la oportunidad de reinsertarse, una declaración como mínimo desdichada en las actuales circunstancias. Su madre ha comunicado al alcalde de Almadén el propósito de regresar al pueblo, lo que ha exacerbado la preocupación de sus habitantes, sensibilizados además por el hecho de que la pequeña localidad carece de servicio de seguridad tanto local como de Guardia Civil. Como era de esperar, la liberación de presos singularmente sanguinarios y autores de delitos de extrema barbarie ha provocado una alarma social considerable. Mientras que la excarcelación de asesinos etarras ha centrado la preocupación de la gente en los actos de enaltecimiento del terrorismo que les han organizado familiares y seguidores políticos, aunque con la sensación de que en la actual coyuntura política no es probable que vuelvan a delinquir, la presencia en las calles de asesinos múltiples sin coartada política y violadores en serie cuya rehabilitación es puesta seriamente en duda por los técnicos penitenciarios y expertos justifica el malestar, indignación y miedo de los familiares de sus víctimas y los barrios, pueblos y ciudades donde su presencia es real o posible. Se hace evidente la necesidad de que las autoridades penitenciarias sean extraordinariamente estrictas en la emisión de informes individualizados sobre los presos que vayan a beneficiarse de la sentencia de Estrasburgo y, por otro lado, que las autoridades gubernativas aumenten las medidas de seguridad en torno a aquellos condenados que, finalmente, tengan que ser liberados por la ineludible vigencia de las convenciones y acuerdos firmados por España en materia de derechos humanos. La alarma justificada exige no cruzarse de brazos.

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