SI los políticos no se hubieran empeñado, de forma aparentemente suicida, en encerrarse en una torre de marfil y estuvieran al tanto de lo que pasa en la calle y de lo que piensan los que se la patean, el deplorable espectáculo que ha ofrecido el Parlamento andaluz en la última semana a cuenta de la subida clandestina de las dietas no se hubiera producido. Si grave fue que lo hicieran de forma vergonzante y oculta y que sólo la profesionalidad y sagacidad de un periodista de este diario permitiera ponerlo en conocimiento de los ciudadanos, no lo fue menos la forma en la que los afectados dieron marcha atrás y quisieron tapar el escándalo. Los argumentos peregrinos del presidente de la Cámara, Manuel Gracia, aludiendo al uso de su coche particular como justificación o el hipócrita rasgamiento de vestiduras de los representantes de los partidos cuando se destapó el caso dejan el Parlamento de Andalucía a la altura del betún. Gracia, que posee una dilatada y hasta ahora más que digna carrera política, se ha equivocado también al no presentar su dimisión inmediata y no le ha hecho ningún favor al prestigio de una institución que se supone que nos representa a todos los andaluces ni, por supuesto, al de su partido.

Por si esto fuera poco, en la misma semana hemos asistido a un episodio más - y no sabemos cuántos faltan todavía- de las cutres revelaciones del sumario de los ERE. La podredumbre que rodeaba a los que estaban enfangados de forma directa en los manejos que se hacían desde la dirección general de Francisco Javier Guerrero ya no asombran, y lo que hay que reclamarle a la juez es que pise de una vez el acelerador y termine una instrucción que se eterniza. Lo que sí sigue sorprendiendo es que desde un departamento del Gobierno andaluz se montara semejante red con una sensación de impunidad que da escalofríos y sin que el presidente de la Junta o el consejero de turno se enterasen o se dieran por enterados. No sé al final quién se sentará en el banquillo y cómo se sustanciará penalmente el asunto, pero con que sólo la mitad de lo que se ha sabido hasta ahora fuera cierto, unos cuantos de los que han estado en primera fila en Andalucía quedarían, como poco, inhabilitados de por vida para la política.

No es extraño que con este panorama nos enfrentemos a una crisis institucional que, mezclada con la económica, da un panorama de desarticulación social alarmante. Pero no se olvide que del desprestigio de la política son los políticos los únicos responsables y que no sólo no están haciendo lo necesario para atajarlo, sino más bien todo lo contrario. ¿Quién, viendo lo visto esta semana en Andalucía, se cree que una ley de transparencia va a ser la solución? El problema es mucho más complejo y si al final los políticos no son los que hacen un esfuerzo de regeneración alguien vendrá a hacerlo por ellos.