DESDE que la prensa dejó de publicar inocentadas el 28 de diciembre parece que están más repartidas durante el resto del año. La ministra de Fomento, Ana Pastor, nos coló una inocentada de manual: el peaje de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz será suprimido en 2019, cuando termine la concesión. Menos énfasis puso en explicar la segunda parte del asunto: la autovía de la A-4, a la que sólo le falta completar el tramo entre Jerez y Dos Hermanas, no se terminará. En realidad, para comunicar que no se terminará la autovía, lo fía un hipotético rescate del peaje para dentro de siete años, cuando no se tiene ni la más remota idea de quién será el ministro o la ministra de Fomento.

Aparte de las inocencias políticas, la decisión es un síntoma del actual estado de cosas. Hemos pasado a considerar las obras públicas como un derroche, como una de las causas del déficit público. Es un gravísimo error. Las obras públicas dinamizan la economía y las infraestructuras de un país, ayudan a crecer y a generar empleo. Los años del bienestar español coincidieron con una expansión de las obras públicas. El desarrollo en los tiempos de Franco también se basó en eso. Un país que se olvida de las infraestructuras está condenado al subdesarrollo y el atraso. Lo difícil es hacerlo conteniendo el gasto público en otros capítulos presupuestarios. Hay que gastar en lo útil y prescindir de lo inútil, no al revés.

Dejar incompleta la autovía de la A-4 es una barbaridad. El tramo entre El Cuervo y Dos Hermanas acumuló 14 muertos en dos años. Los alcaldes de la comarca reclamaron no ya para el desarrollo, sino por seguridad. El tráfico entre Sevilla y Cádiz, aunque haya descendido por la crisis, necesita una autovía gratis y una autopista de peaje, porque comunica núcleos urbanos muy poblados. Es el mismo caso de la Costa del Sol malagueña, donde existe una autopista de peaje, la AP-7 y una autovía gratis, la A-7, que es casi una vía urbana.

Es cierto que los peajes obligan a buscar alternativas gratuitas. Pero, en el caso de la Sevilla-Cádiz, la alternativa no puede ser una autovía a medio hacer. Eso es una chapuza pública que no tiene justificación. Por lo demás, se debe recordar que Aumar, la concesionaria de la autopista, llegó a un acuerdo con el Estado, no es un regalo. Y que además se ocupa del gasto del mantenimiento, que también pasaría al Estado. En otros países del euro, como Alemania, hacen lo contrario de lo que defiende ahora la ministra Pastor. Son países más ricos, y aun así, buscan la colaboración privada.

Ni Cádiz ni Sevilla deben renunciar a un proyecto necesario, como era la autovía de la A-4. Hacer una promesa etérea para suprimir el peaje en 2019 sólo servirá para alargar un problema.