ES de Córdoba y tiene 13 años. Ha sufrido la violación de seis jóvenes, dos de ellos "inimputables"; uno por no alcanzar la mayoría de edad judicial y otro por tener disminuidas sus facultades psíquicas. Inimputables, pero capaces de cometer un delito atroz, la violación de una niña de 13 años. Otro de los violadores, mayor de edad, ha sido enviado a prisión y los otros tres a un centro de menores.

La historia, tremenda, provoca indignación, ira, ganas de gritar. Gritar por todo lo que significa esa violación múltiple a una niña de colegio. Y ganas de gritar porque todo lo que rodea a esa violación indica que estamos haciendo muy mal los deberes relacionados con la protección de nuestros hijos.

Esta niña había tenido relaciones sexuales con un compañero. Fue filmada a través de un móvil y obligada a mantener relaciones sexuales con otros niños y jóvenes bajo la amenaza de hacer públicas las imágenes primeras. Los móviles, un adelanto indiscutible, con excesiva frecuencia son utilizados por una juventud falta de principios para sus fechorías, tanto para maltratar a un mendigo hasta la muerte, para dar palizas a compañeros que no forman parte del grupo, o para grabar escenas de fuerte contenido sexual, inducidas o bajo presión, y usarlas como chantaje, humillación, sometimiento o escarnio.

La sociedad actual no cuida suficientemente a sus menores. Un porcentaje excesivamente alto desatiende a sus hijos, y en otras ocasiones los que pretenden cuidarles y asesorarles se encuentran inermes ante unos hábitos contra los que nada pueden hacer. Los profesores, además, a duras penas participan en la educación de sus alumnos, porque no pueden imponer disciplina bajo la amenaza de sanción si lo intentan. A ello hay que sumar el acceso a medios tecnológicos y de comunicación que transmiten mensajes contrarios a los que deberían recibir quienes están en edad de formación: violencia, sexo indiscriminado, rebeldía hacia sus superiores y desprecio hacia los más importantes principios y valores.

Por otra parte, los legisladores se encuentran a años luz de lo que le convendría a la sociedad. El hecho mismo de que dos violadores -digamos presuntos violadores, que es lo que se estila- sean inimputables por una cuestión de edad o de deficiencia, indica que algo falla en el sistema. Y es ahí donde tendrían que trabajar nuestros gobiernos y parlamentarios. Es evidente además que la Ley del Menor necesita revisión urgente -y que no digan que no se puede legislar ad hoc, que otros países democráticos lo han hecho sentando bases importantes para corregir errores-, y nuestro sistema educativo disciplinario también. No podemos encogernos de hombros ante la violencia, ante la indignidad, ante la agresión sexual a una niña. Hay que reaccionar ante situaciones aberrantes que se producen con excesiva frecuencia.