ES difícil encontrar reformas económicas que no afecten a intereses de grupos particulares. En otros casos, las reformas exigen cambios en mentalidades y actitudes vigentes durante años y que nos resistimos a cambiar.

El Informe Económico sobre España presentado esta semana por la OCDE está plagado de ambos tipos de resistencias. Y lo que es tanto o más importante: las previsiones sobre los efectos de las reformas pueden quedar parcialmente invalidadas cuando, en el transcurso del tiempo, se observa que sus efectos han sido mayores o menores de lo previsto. Es necesario, en esos casos, reformar las reformas, realizar una nueva calibración de lo que se ha puesto en práctica.

Una de las primeras recomendaciones del informe se refiere a los salarios. El organismo aconseja parar la devaluación salarial que se lleva a cabo en España desde hace cuatro años. El argumento es doble. Por un lado, esa reducción salarial ha permitido a la economía española recuperar buena parte de la pérdida de competitividad durante los años del boom económico. Ya estamos en mejores condiciones que Francia, Italia y Portugal y nos estamos acercando a Alemania. Pero por otro lado, y es la parte más novedosa, la OCDE considera que la excesiva contención salarial está dañando la capacidad de crecimiento de nuestra economía. De manera implícita, recomienda un incremento salarial, pero más bien en el sector privado que en el público, puesto que las condiciones del déficit no permiten grandes alegrías en los presupuestos.

Otra reformas de reformas ya aplicadas se refiere al mercado de trabajo. Sigue insistiendo en la necesidad de un cambio en profundidad en la formación ligada al mercado de trabajo. Sin una mayor orientación de la formación hacia las necesidades de las empresas, los esfuerzos que se hagan desde los gobiernos, ofrecerán unos pobres resultados. Lo que el informe no comenta es que, a la vista de lo ocurrido en algunas comunidades autónomas, se necesitan nuevos agentes con capacidad para llevar a cabo esas reformas. No se trata sólo de recursos públicos, sino de una utilización adecuada de los mismos.

Igualmente, otro tema recurrente es la modificación de las contribuciones y de la fiscalidad. En otros informes ya puso de manifiesto su desacuerdo con la rebaja de la imposición directa anunciada por el Gobierno. Los presupuestos no pueden soportar una reducción de los impuestos directos. Estamos desesperados por reducir el déficit público, que es incompatible con esa medida.

Pero además, reclama al gobierno la adopción de medidas para alinear la estructura fiscal española con la tendencia de los países más desarrollados: reducir las cargas al trabajo, aumentar la imposición medioambiental e incrementar la fiscalidad sobre la vivienda. Esta orientación requeriría reducir las contribuciones a la seguridad social de los empleados con sueldos más bajos y aumentar el impuesto sobre las gasolinas, así como el IBI de las viviendas.

La OCDE ha alabado la recuperación del crecimiento y el cambio radical del sector exterior. Pero también pone de manifiesto que en un mundo en continuo cambio, la necesidad de reformas es permanente y hay que vencer las resistencias de hábitos mentales, actitudes políticas e intereses particulares.