LA Consejería de Educación no ha rectificado oficialmente la información sobre las normas enviadas a los directores de colegios e institutos de, al menos, la provincia de Sevilla regulando la respuesta de los equipos directivos de estos centros a las reclamaciones de aquellos alumnos que estimen haber sido suspendidos injustamente en alguna asignatura. Básicamente, la normativa -retirada de la web de la Inspección de Educación correspondiente- venía a endurecer los requisitos que deben cumplimentar los directores y enseñantes para dar respuesta a dichas reclamaciones. Hasta dieciséis trámites e informes se exigirían a partir del próximo curso, incluyendo programas, criterios de evaluación, grabación de exámenes orales, etcétera, a fin de salvaguardar los derechos de los estudiantes suspendidos, lo que aumenta notablemente la carga de tareas burocráticas de la que ya se quejan desde hace años los docentes. La consecuencia objetiva de esta orientación es, una vez más, reducir la autonomía de los centros de enseñanza en el desarrollo y la organización de sus tareas y, más allá, coartar el papel de maestros y profesores, cuyo margen de autoridad no deja de ser puesto en jaque por medidas administrativas y decisiones políticas. Casi se puede afirmar que la Consejería pone el énfasis en los derechos de los alumnos que no aprueban, aumentando las exigencias sobre sus profesores, a los que se obliga a dar explicaciones exhaustivas y prolijas, antes que en los derechos de éstos, a los que se merma la autoridad y se pone en entredicho. Son los maestros los que tienen que demostrar su "inocencia", es decir, sus razones para suspender a alumnos que por falta de esfuerzo o dedicación no superan las mínimas pruebas de conocimiento de la materia de que se trate. Nuevamente se avanza en la tendencia hacia el igualitarismo por abajo y el descuido de la excelencia. En las organizaciones profesionales y sindicales de la enseñanza cunde la impresión de que se está favoreciendo una política cortoplacista que trata de rebajar las insoportables magnitudes del fracaso escolar mediante el procedimiento expeditivo de incrementar el número de aprobados. Rebajando las exigencias a los alumnos y subiendo las que se hacen a los profesores lo que se consigue objetivamente es deteriorar más la figura de éstos y enviar a aquéllos el mensaje equivocado de que no hace tanta falta estudiar y aplicarse como reclamar. Las cifras de fracasados podrán ser así aliviadas, pero a costa de construir un sistema educativo que conduce a la frustración y la decadencia. Hace falta que la Junta dé un golpe de timón en su estrategia en materia de educación.