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LA cadena humana organizada ayer en Cataluña en favor de la independencia cosechó el esperado éxito de público. Cientos de miles de manifestantes han secundado la convocatoria en favor de la secesión, incluyendo la mayoría de los consejeros del Govern catalán, cuyo presidente, Artur Mas, defendió la iniciativa, aunque no la secundó, en una pretendida muestra de respeto a la institución que encarna. Si la Diada del año pasado fue seguida de la convocatoria anticipada de elecciones en la que el partido de Mas retrocedió en favor de las organizaciones netamente secesionistas, especialmente Esquerra Republicana de Catalunya, la de ayer, en forma de Vía Catalana a la independencia que se extendió por todo el territorio de la comunidad, desde la frontera con Francia hasta el sur de Tarragona, ha constituido una vuelta de tuerca en el proceso soberanista que viene a aumentar la presión sobre el Gobierno de España. Al mismo tiempo, supone un serio motivo de preocupación para el presidente de la Generalitat, embarcado en una aventura que probablemente se le ha ido de las manos. Su continuidad, en efecto, depende del cumplimiento del compromiso que adquirió con ERC de convocar un referéndum sobre la independencia el año próximo, imprescindible por encontrarse en minoría en el Parlamento de Cataluña. Pero, al mismo tiempo, está sometido a las presiones de una parte de la coalición que lidera (los democristianos de Duran Lleida, enemigos de la secesión) y de los sectores empresariales más destacados de Cataluña, que consideran ruinoso el proceso de ruptura con España. Ello sin contar con que, manifestaciones aparte, el anhelo independentista, aunque en avance, no reviste el carácter abrumadoramente mayoritario que requeriría su efectiva puesta en marcha. También la reivindicación separatista tiene enfrente, como es lógico, al Gobierno y las principales fuerzas políticas españolas, que se mantienen firmes en la defensa de la Constitución y el principio, consagrado en ella, de que la soberanía nacional reside en exclusiva en el conjunto del pueblo español. La pretensión de Artur Mas de que el Gobierno acepte alguna forma de consulta catalana, o al menos la tolere, revela estas contradicciones que envuelven su delicada posición y está condenada al fracaso. La vía de contactos y negociaciones discretas abierta desde finales de agosto debe ser explorada y profundizada a fin de evitar un choque de incalculables consecuencias. Pero Mas debe ser consciente de que es él quien está obligado a ceder más. En realidad, a reconducir el nacionalismo catalán a las premisas de moderación y pragmatismo que lo han caracterizado durante muchos años.

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