EL proceso de deterioro institucional que ha vivido UGT de Andalucía y que ha desembocado, por ahora, en la dimisión de su secretario general está siendo seguido con la máxima preocupación en la cúpulas directivas de CCOO y la CEA. Por dos razones: en primer lugar, porque lo sucedido pone en cuestión las políticas de concertación en las que han basado su gestión todas las organizaciones y, segundo, porque todas han sido generosamente regadas con dinero público y saben que no están libres de que puedan verse salpicadas por acusaciones similares. Se trata de aquello de las barbas del vecino.