La pretensión del Ministerio del Interior de reformar el Reglamento General de Circulación para obligar a los ciclistas a usar casco en vías urbanas parte de un concepto de seguridad vial distorsionado por la cultura del culto al coche y difunde un mensaje pedagógicamente lamentable. Lancemos una mirada amplia sobre la cuestión. Con una velocidad media de circulación que apenas supera los 10 kilómetros/hora, el riesgo de accidente grave para un ciclista en una vía urbana reside casi únicamente en su convivencia con los automóviles. Y en caso de atropello, lamentablemente, el casco no ofrece la suficiente protección, como demuestran las penosas estadísticas de muertes de ciclistas en carretera. Entonces, si de lo que se trata es de proteger la seguridad del ciclista en la ciudad, ¿por qué no se incide en el comportamiento de los conductores de automóvil, auténtica variable de riesgo de la ecuación? ¿Y por qué no habilitar más y mejores espacios para que los ciclistas circulen seguros? Por ahí deben ir las soluciones. ¿O en qué cabeza cabe que una ley pretenda proteger al débil -y en este caso el ciclista es el eslabón débil del ecosistema urbano- disuadiéndolo de salir de casa y no combatiendo las amenazas que se ciernen sobre él?

La anunciada modificación normativa refuerza un discurso de culpabilización de la víctima que se muestra tozudo ante los hechos. Tenemos el caso de Sevilla, cuyos 120 kilómetros de vías ciclistas, con 24 millones de desplazamientos anuales, han redundado en entornos urbanos más seguros, limpios y saludables. La obligatoriedad del casco, plenamente justificable en áreas interurbanas, resultaría aparatosa e ineficaz en las ciudades. En el caso de Sevilla, su repercusión sería además muy negativa sobre el uso de la bici pública de alquiler, con 6 millones de usuarios al año.

Lo que verdaderamente garantiza la seguridad y la comodidad de la mayoría es una ciudad diseñada desde la racionalidad económica, social y medioambiental, y no concebida sólo a la medida del coche, del aparcamiento subterráneo, del atasco... A más bicicletas, más seguridad. Ese es el camino que recorre la Consejería de Fomento y Vivienda, que tiene en agenda la creación de redes ciclistas en todas las áreas metropolitanas y una futura Ley de Movilidad Sostenible que pivote sobre espacios confortables y seguros para ciclistas y peatones. El camino contrario, el que anuncia el Ministerio del Interior, nos lleva a poner en peligro los tímidos avances cosechados en favor de la cultura de la bicicleta en España, donde las asociaciones de ciclistas han puesto, y con razón, el grito en el cielo.

Los países europeos con tradición ciclista no obligan al uso del casco en vías urbanas, desaconsejado por la Federación Europea de Ciclistas y la Asociación de Médicos de Gran Bretaña, por citar dos entidades que se han tomado la molestia de explorar a fondo la cuestión. En realidad es un debate superado. Los experimentos de obligatoriedad del casco en vías urbanas en países como Australia o Nueva Zelanda han servido más para la disuasión del uso de la bicicleta que para aumentar la seguridad de los ciclistas.

Entonces, ¿a quién ha escuchado Interior antes de lanzar este cambio normativo? No, desde luego, a quienes plantean medidas que sí serían eficaces para la protección de los usuarios de la bici: más vías ciclistas, calles y zonas con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, penalización efectiva de la violación de la distancia de seguridad... En resumen, medidas que promueven un tráfico más calmado y prudente en vías urbanas. Colocar un casco sobre la cabeza de cada ciclista lanza exactamente el mensaje contrario: manga ancha frente a la imprudencia. La anunciada medida es matar moscas a cañonazos. Es absolutamente respetable que un ciclista, en el uso de su libertad, utilice el casco en vía urbana, pero es ineficaz imponérselo a todos. Ineficaz y absurdo. Tan absurdo como sería, por ejemplo, intentar proteger la seguridad en el automóvil obligando a todos sus ocupantes a llevar casco al tiempo que se permite velocidad ilimitada. El Ministerio del Interior tiene aún la oportunidad de atender a razones. Puede preguntar a los usuarios de la bicicleta en Sevilla, ciudad que, al menos hasta ahora, ilustra el éxito de las políticas en favor de las ciclistas.