Empiezan los meses de calor y las playas de Cádiz llaman como cada año a miles de sevillanos, dispuestos ya a enfilar la autopista y resignados a hacer parada en Las Cabezas para soltar 15 euros (ida y vuelta) por utilizar la única carretera digna de ese nombre que los conecta con la provincia más al sur de la Península. La otra alternativa es una nacional que quedó obsoleta hace por lo menos medio siglo y que, como tantas cosas en esta región, sufre un pertinaz abandono por parte de los Presupuestos del Estado.

Que a estas alturas los sevillanos no sepamos si éste va a ser el penúltimo verano en el que vamos a tener que pagar por ir a Cádiz en nuestro propio coche refleja, por lo menos, una falta de seriedad por parte del Gobierno que no deja de llamar la atención. El ministro de Fomento mantiene cada vez que visita esta tierra una calculada ambigüedad, exactamente lo mismo que el presidente Rajoy, que la semana pasada contestó con evasivas cuando se le preguntó en el acto de clausura del 150 aniversario de Diario de Cádiz. Sí está claro que la concesión a Abertis no se prorrogará cuando se extinga a final de 2019, pero se mantiene la duda de si volverá a salir a concurso su explotación o se buscará otra fórmula para financiar su mantenimiento. Lo más pesimistas, esperemos que no los más realistas, apuestan por que sevillanos y gaditanos vamos a seguir pagando en el peaje parte de la millonada que le ha costado al Estado el rescate de las ruinosas radiales que en los años de la locura se construyeron en el entorno de Madrid.

La autopista de Cádiz está sobradamente amortizada y su recaudación anual sobrepasa con mucho los costes de mantenimiento. Es, por tanto, un negocio, legítimo por supuesto, que da sustanciosos beneficios al concesionario que la explota. Pero lo cierto es que en 1993 debería haber vuelto a manos del Estado y desde entonces -25 años, que se dice pronto-los sevillanos y los gaditanos seguimos pagando por algo que no pagan el resto de los españoles, como es la comunicación por carretera de doble vía entre dos provincias limítrofes. La concesión se ha ido prorrogando desde entonces por razones diversas y sólo se quitó el peaje de Jerez en 2005 con cargo a los Presupuestos de la Junta, que aún paga una cuota anual a la concesionaria por la eliminación de la barrera.

Así seguimos a año y medio de que finalice oficialmente la concesión: haciendo cola ante la caja registradora que lleva desde 1971 -cuando Franco y Carrero Blanco todavía hacían y deshacían a su antojo- instalada en Las Cabezas de San Juan. Con la íntima sensación, además, de que alguien lleva años tomándonos el pelo y, lo que es más preocupante, con intención de seguir haciéndolo.