EL Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el organismo de cooperación entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las distintas comunidades autónomas, ha suscrito en su reunión de ayer la hoja de ruta del pacto por la salud que se venía demandando desde distintos sectores sociales y políticos. Es una buena noticia. El traspaso de prácticamente todas las competencias sanitarias y los fondos correspondientes a las autonomías estaba produciendo diversas anomalías y descoordinaciones en la prestación del servicio que, a la larga, ponía en peligro la igualdad básica y la equidad del sistema. La cartera de servicios sanitarios podía variar de unos territorios a otros, como variaban los calendarios de vacunación y hasta el tipo de vacunas suministradas a los usuarios. Hasta cuatro millones de españoles que necesitan anualmente recibir atención en comunidades que no son las suyas encontraban dificultades de carácter burocrático para el ejercicio de sus derechos. A estos desbarajustes tratan de enfrentarse el Ministerio y las consejerías del ramo con el bloque de medidas adoptadas ayer. Por un lado, se ha llegado a un acuerdo sobre las edades y las fechas de vacunación, que entrará en vigor en los próximos meses de manera unificada, a lo que se añade la compra centralizada de las vacunas, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. Por otro, antes de que acabe el año la tarjeta sanitaria de los pacientes será interoperable, de modo que su funcionamiento será compatible con los sistemas informáticos de cada autonomía, al incorporar un número o código vitalicio para cada ciudadano que dará lugar a una historia clínica y una receta electrónica válida en todas partes. Igualmente se decidirá una cartera de servicios común, que será establecida a través de las agencias de evaluación existentes para fijar las mismas prestaciones para todos en función de su coste y eficacia. En resumen, se trata de hacer compatible la autonomía con un servicio sanitario único, igualitario y universal.