Punto de vista

josé Ramón / del Río

El caso de la Infanta

ENTRE los que no son profesionales del Derecho ha causado cierto asombro que la Abogacía del Estado no acuse a la infanta Cristina en la causa que se sigue contra su esposo y el matrimonio Torres, cuando el juez instructor persigue un presunto delito fiscal, y más de un amigo, sabiendo que fui abogado del Estado muchos años, me pregunta por la razón de esa aparente sinrazón. Y la aclaración es muy sencilla; resulta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es el cliente en este caso de la Abogacía del Estado -contra el parecer del juez- considera que la Infanta no ha cometido delito fiscal, porque, para serlo, la infracción fiscal necesita de una determinada cuantía y circunstancias, exigidas por ley. Y si quien debe apreciar si existe o no infracción fiscal constitutiva de delito dice que no, el abogado del Estado, como funcionario público que es, debe obedecer.

Más asombro causa que el Ministerio Fiscal, que, según su Estatuto, tiene entre otras funciones el ejercicio de acciones penales, en las que es el acusador por antonomasia, tampoco formula acusación contra doña Cristina y sólo le exige una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Es más: su escrito de calificación pide que no se la lleve a juicio, porque la imputación que le hace el juez instructor se basa en sospechas y meras conjeturas, que deduce de la afirmación que se contiene en el auto de que la Infanta "pudo conocer". Sin acusación del Ministerio Fiscal, ni de la AEAT y sólo de la acusación popular, si se sigue la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 (caso Botín), la Infanta no irá a juicio.

Como en el caso del abogado del Estado, el del Ministerio Fiscal tiene una explicación jurídica. Dicho funcionario no está, como lo estuvo, a las órdenes del Gobierno, porque hoy, aunque el Gobierno le pueda solicitar que promueva actuaciones, su independencia está asegurada, porque la última palabra sobre la procedencia de las solicitadas la tiene el fiscal general, oída la Junta de fiscales del Tribunal Supremo. Mal servicio le hacen a nuestra democracia los políticos de la oposición, que acusan al Gobierno de haber sometido a presiones a la Fiscalía para no acusar. Desde mi punto de vista, considero que en todo lo actuado en el caso se ha procedido con arreglo a Derecho y será la Justicia la que diga la última palabra. Como debe ser en democracia.

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