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El caso Olona

Macarena Olona desveló una red corrupta en el País Vasco que afectaba a cargos nacionalistas

Que la semana en que todo el mundo habla de la forma intolerable en que se están tejiendo los nuevos Presupuestos, con Iglesias convertido en poliministro y araña mayor del reino, o cuando se hace público el nuevo episodio de megacorrupción andaluza, con miles de millones de euros en danza y varias consejerías implicadas durante más de una década, este columnista quiera entretenerles con el caso de Macarena Olona podría ser juzgado mero escapismo, pero asumo el riesgo y ya ustedes dirán.

Poco, muy poco se ha hablado en los medios de las tribulaciones de la abogada del Estado Macarena Olona, quizá porque los tiempos no permiten ya detenerse en lo en apariencia menudo aunque simbólico. Esta jurista, que fue premiada por la Fundación Hay Derecho por el desvelamiento de una red corrupta en el País Vasco que afectaba a cargos nacionalistas, tras graves presiones fue alejada de su destino el año pasado por el gobierno de Rajoy, se dice que a petición del propio PNV. Su nuevo destino madrileño fue la secretaría general de Mercasa, una empresa dependiente del Ministerio de Agricultura. En Mercasa, Olona amplía unas investigaciones ya en curso que acaban implicando a cargos populares y socialistas que utilizaban la empresa para el cobro de comisiones ilegales. Entre ellos, conocidos amigos del presidente Zapatero como Álvaro Curiel y Javier de Paz. Y empiezan a pasar cosas: en la Navidad de 2017 hay un asalto nocturno a la sede de Mercasa para robar el ordenador de la secretaria general. Pese a ello la investigación pudo seguir adelante y la Audiencia Nacional cita a Macarena Olona para aportar la información sobre el caso el 17 de octubre. Días antes de esa fecha, el recién nombrado por Sánchez presidente de Mercasa, el socialista José Ramón Sempere, cesa a Olona para impedir su declaración, aunque el Consejo de Dirección de la empresa, informado por la letrada, decidió que ésta pudiera testificar en el juzgado.

Repárese en que todo esto le sucede a quien por su alto nivel en el funcionariado debiera encontrarse al abrigo de presiones y cómo son las más altas instancias las que, sucesivamente, intervienen para torpedear su labor anticorrupción. No son sólo las autonomías, es el entero aparato estatal el que se nos ha convertido, poco a poco, en una red mafiosa contra la que incluso la Abogacía del Estado se muestra impotente.

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