ME llama un empresario. Ha oído en directo a las vicepresidentas explicar el recorte de 32 altos cargos del Gobierno, con un ahorro de cuatro millones para las arcas públicas. La supresión de 29 empresas públicas con 80 directivos y 450 consejeros aumenta la criba hasta 16 millones. El empresario pregunta atónito:

-¿Cuánto es el déficit público español?

-Pues unos 120.000 millones de euros, mal contados.

-¿Y este ahorro se anuncia así, a bombo y platillo?

Está bien que se recorte. No es el chocolate del loro, sino un buen ejemplo. Pero la reforma de la administración en España no puede limitarse a quitar unas decenas de altos cargos y suprimir alguna empresa pública. Altos responsables de los principales partidos reconocen en privado que las diputaciones sirven de poco. Pero en público nadie lo admite. En su entrevista en este diario el domingo pasado, el presidente Griñán dijo que las diputaciones responden a una realidad histórica que es la provincia, que es muy difícil tocar. Añade que la gente se siente de cada provincia y que es difícil romper la unidad provincial.

¿Quién habla de suprimir las provincias? Lo que es urgente, es acabar con el solapamiento de instituciones en un mismo territorio. La actual división provincial data de 1833. Obra, por cierto, de un andaluz de Motril, Javier de Burgos, secretario de Estado de Fomento en el Gobierno presidido por el malagueño Francisco Cea Bermúdez.

La creación de las autonomías y la instalación de una potente administración periférica de la Junta ha dejado intactas las provincias, pero obsoletas a las diputaciones. Además, las ocho andaluzas cuestan 2.000 millones de euros al año. Aquí se acaban las bromas. Para meterle mano a la prescindible administración provincial hace falta el acuerdo de los dos grandes partidos. Pero mientras España necesita una gran coalición, los dos partidos que se reparten el 92% de los escaños del Congreso sólo piensan en meterse el dedo en el ojo, uno a otro. Esa energía desperdiciada sí que es el chocolate del loro.